Tareck El Aissami publicó el miércoles una carta, de una página completa, en el diario norteamericano New York Times, dirigida el nuevo secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, por ser el que firmó dichas sanciones, el mismo día de su confirmación en el cargo, el pasado lunes.
En su misiva, El Aissami afirma que las sanciones son "ilegales y en violación de la legislación internacional", ya que, a su parecer, el Departamento estadounidense del Tesoro carece de evidencias y actúa como "una policía extraterritorial y sin poderes para hacerlo".
No tengo bienes en Estados Unidos ni en ningún otro país, y es absurdo y patético que un cuerpo de la Administración estadounidense, sin presentar ninguna evidencia, adopte una medida para congelar bienes y activos que no poseo", señaló el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami
Asimismo, añade que "más allá de cualquier consideración política o geopolítica, la decisión (...) constituye una seria violación de mis derechos humanos y afecta seriamente mi dignidad y mi honor".
De acuerdo con el Departamento estadounidense del Tesoro, El Aissami está acusado de facilitar, proteger y supervisar grandes cargamentos de droga desde Venezuela hasta México y Estados Unidos mientras fungía como ministro del Interior y gobernador del estado de Aragua (norte de Venezuela).
"No tengo bienes en Estados Unidos ni en ningún otro país, y es absurdo y patético que un cuerpo de la Administración estadounidense, sin presentar ninguna evidencia, adopte una medida para congelar bienes y activos que no poseo", señaló.
El pasado 13 de febrero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a El Aissami y a Samark López Bello, de participar en movimientos de narcotráfico, y aplicó a ambos una serie de sanciones que incluye la anulación de visado, la confiscación de sus propiedades en Estados Unidos y la prohibición para realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones del país norteamericano. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, las repudió y las catalogó de una “agresión”.
Esta fue la primera medida antivenezolana de la nueva Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que ya se había pronunciado a favor de un cambio de gobierno en Venezuela.
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