Los ciudadanos piden penas más duras a los delincuentes, mientras el gobierno implementa reformas que no consiguen resultados. El aumento de la inseguridad y la violencia preocupan en Uruguay, donde se convocaron manifestaciones en todos los departamentos del país para reclamar al gobierno que tome medidas.
El gobierno convocó a todos los partidos políticos a debatir el tema de seguridad, y algunas de las medidas ya se están implementando. Se está reformando el sistema carcelario, esta semana se aprobó una ley que limita la libertad anticipada en determinados delitos, también se aumentaron los controles y penas por tráfico de armas.
Muchos de los manifestantes o sus familiares, han sido víctimas de violencia, como el novio de Jimena, asesinado a sangre fría el año pasado. Mientras algunos rechazan mayor presencia policial y piden más educación, las asociaciones de víctimas piden penas más severas.
El gobierno parece encaminarse, hacia la mano dura y el endurecimiento de penas, aunque el problema de fondo de la violencia social, que es la exclusión y la pobreza, requiere medidas a más largo plazo. Uruguay aún está entre los países menos violentos de América Latina, y sus ciudadanos se resisten a que la noticia de un asesinato les sea indiferente.
Eugenia Rodríguez, Montevideo.
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