Las recientes advertencias del portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, ponen al descubierto una verdad incómoda para las monarquías de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y Catar: la ilusión del "oasis seguro" bajo el paraguas militar estadounidense se ha evaporado.
El vocero iraní ha defendido el derecho de la República Islámica a responder contra el origen de cualquier ataque perpetrado contra su territorio, afirmando que “no hay razón para que ningún país tenga motivos de preocupación respecto a Irán, a menos que haya puesto sus bases, instalaciones y equipos a disposición de los agresores con el objetivo de llevar a cabo un acto ilícito e ilegal” (1).
Monarquías al banquillo
Lejos de representar un factor de estabilidad, protección o disuasión, el hecho de facilitar el uso de sus territorios para la instalación de bases militares, aéreas y navales, además de infraestructura logística y de inteligencia para agredir a Irán, ha transformado a estos Estados en corresponsables directos de una agresión ilegítima.
Desde la perspectiva del derecho internacional público y el principio de la legítima defensa, cualquier Estado que ceda su espacio aéreo, territorio o capacidades logísticas para orquestar ataques contra la soberanía de otro país abdica de su neutralidad. Es así como las monarquías del Golfo Pérsico y actores periféricos como Jordania asumen un riesgo militar incalculable que ha sido advertido en reiteradas ocasiones por el gobierno iraní.
Al convertirse en peones de una confrontación impulsada por la Casa Blanca y el sionismo, estas monarquías han hipotecado el futuro de sus pueblos, su viabilidad económica y su infraestructura crítica: centros energéticos, plantas desalinizadoras, oleoductos, gasoductos e incluso las redes de información que surcan espacios marítimos y terrestres de enorme valor estratégico global.
Estados Unidos ha colocado a estos países, bajo la total responsabilidad de sus élites gobernantes, en la línea de fuego de una respuesta legítima, proporcional y legalmente fundamentada por Irán. A este peligro estratégico se suma el fracaso estrepitoso de la política de "máxima presión" y de las sanciones unilaterales impulsadas por Washington, secundadas por sus aliados europeos y por gobiernos sometidos como los de Argentina y Colombia, administrados por figuras de claras patologías narcisistas en sintonía con el referente estadounidense.
Estados Unidos y aquellos que se suman a las políticas coercitivas destinadas a afectar a la población civil son responsables de evidentes formas de terrorismo económico y castigo colectivo, ambos catalogados como crímenes en la legislación internacional y estrictamente prohibidos por los Convenios de Ginebra. Así acontecerá con el proclamado Dia D de la milésima amenaza de guerra económica contra la república islámica de Irán impulsada por el megalómano inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.
Ya a estas alturas, desde la sociedad iraní, la ocurrencia de la nueva cruzada contra el país se vive con desdén. Para Irán, con 48 años coleccionando sanciones occidentales como si fueran figuritas del álbum del último mundial de futbol, escuchar la perorata trumpiana suena a monólogo repetido y de bajo presupuesto. Para la República Islámica de Irán, la narrativa estadounidense de que un tuit o un decreto firmado desde Washington puede "desconectar" a una civilización milenaria del mapa mundial, raya en el delirio mesiánico.
Trump muestra su verdadera cara, no la del estratega implacable, sino como un personaje farandulero, atrapado en su propia trampa hollywoodense: tras el fracaso de su vía militar contra la Revolución Islámica, recurre a nuevas amenazas para tratar de salvar la cara ante las próximas elecciones de medio término y aparentar que tiene el control absoluto del tablero global.
La ironía de un país milenario no escapa a este análisis, para devolver la amenaza del régimen estadounidense con sorna inteligente y punzante. Esto, al señalar que Estados Unidos, con una deuda pública colosal y una polarización interna galopante debería preocuparse más por sus propias crisis, antes de pretender incendiar la economía global a golpe de ultimátum y chantajes a terceros países. Para Irán, estas bravuconadas de "aislamiento sin precedentes" no pasan de ser una ruidosa cortina de humo diplomática, un numerito de relaciones públicas diseñado para las redes sociales.
Washington y su realidad delictiva
La anatomía de la coerción de la entidad estadounidense muestra su conducta criminal al usar la guerra económica como un arma brutal, constituyéndose como una mutación contemporánea de la violencia geopolítica. Lejos de constituir meros instrumentos de presión diplomática, estas estrategias operan como un dispositivo de terrorismo económico diseñado para infligir daño masivo sobre la infraestructura civil.
Al estrangular el acceso del país a divisas, medicamentos, alimentos, tecnología relevante para la industria del país, repuestos industriales, la arquitectura de sanciones genera una crisis humanitaria inducida cuyo objetivo último es la desestabilización política, el colapso social mediante la implementación de este castigo colectivo condenado por leyes internacionales (2)
Este andamiaje punitivo representa una forma de agresión tan letal como el conflicto armado convencional, pero con una ejecución difusa e institucionalizada. A diferencia de la guerra clásica, la coerción financiera externaliza los costos sobre los sectores más vulnerables de la población, vulnerando de manera flagrante los derechos humanos fundamentales. Este mecanismo busca fracturar el tejido social y doblegar la soberanía estatal mediante el estrangulamiento económico progresivo, configurando una violación sistemática del derecho internacional y un desafío crítico para el orden multilateral vigente.
Lo descrito es, claramente, la dimensión más brutal del terrorismo económico que describe el uso deliberado de la coerción financiera a gran escala para desestabilizar estructuras socioeconómicas, provocar crisis humanitarias y generar malestar social generalizado. A diferencia de un conflicto armado convencional con daños colaterales delimitados, la guerra económica opera de forma difusa pero implacable, a saber:
- Bloqueo de canales financieros: La amenaza de sanciones secundarias a bancos internacionales que operen con el país sancionado aísla a la nación de los mercados globales, impidiendo la compra de bienes esenciales.
- Impedir el uso del sistema internacional de transacciones financieras – sistema SWIFT -
- Deterioro de la infraestructura crítica: La falta de divisas y repuestos tiene el objetivo de colapsar sectores vitales como el sistema sanitario, el suministro de agua potable, el transporte y la generación eléctrica.
Además, cuando Washington viola sistemáticamente entendimientos previos como lo ilustra la violación de los marcos de entendimiento y los acuerdos de no agresión en el llamado memorándum de Islamabad la denominada comunidad internacional se fractura de manera profunda. Por un lado, Occidente y sus satélites minimizan las advertencias iraníes bajo un manto de subordinación geopolítica; por el otro, el Sur Global avala el derecho de la resistencia a disuadir el hegemonismo.
Con la conducta violatoria crónica, contumaz, delictiva de Estados Unidos, los mecanismos tradicionales de la legalidad internacional sufren una parálisis sistémica. Mediante el mencionado castigo colectivo y el terrorismo económico (3) se pasa a llevar la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza y promueve la libre determinación.
Como también se viola el Estatuto de Roma, que clasifica como crímenes de guerra los actos que hacen padecer intencionalmente hambre a la población civil o privarla de elementos indispensables para su supervivencia. Como también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege los derechos económicos y sociales básicos que tales prácticas destruyen de forma masiva.
Si bien existen resoluciones de relatores de la ONU, que tildan las sanciones unilaterales de ilegales y se ha acudido a instancias como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el doble rasero, la complicidad y la inoperancia institucional dentro del Consejo de Seguridad, dominado por los vetos de los aliados occidentales, neutralizan cualquier solución institucional rápida.
Ante este panorama de impunidad normativa, la única alternativa viable y verdaderamente transformadora no reside en los tribunales occidentales, sino en la consolidación de contrapesos multilaterales tangibles, tales como la expansión de los BRICS, la acelerada desdolarización del comercio internacional y la creación de arquitecturas financieras, inmunes al chantaje financiero de la Casa Blanca.
Las monarquías del Golfo Pérsico se enfrentan, por tanto, a un dilema existencial inapelable: o persisten en el suicida camino de subordinarse a una potencia en declive imperial, destruyendo su reputación financiera y sufriendo una inestabilidad social irreversible o rectifican su rumbo apostando por la diplomacia de buena vecindad, el entendimiento directo con la República Islámica de Irán y la comprensión de que el tablero colonial de Asia Occidental ha llegado inexorablemente a su fin.
El desarrollo de la resistencia de Irán y su proyección como faro para el Sur Global, marcan un punto de inflexión histórico frente al unilateralismo occidental. Es indiscutible que occidente, liderado por Washington, transita una fase de decadencia estructural. Su capacidad de imposición global se debilita a medida que surgen nuevos polos de poder en el sistema internacional.
Y, ante esta realidad, la postura de Irán y la consolidación del Eje de la Resistencia actúan como un muro de contención que erosiona esa alicaída hegemonía militar, política y económica de la arrogancia en la región del Golfo Pérsico, tradicionalmente dominada por intereses occidentales.
Esto trae una luz de referencia para el camino de soberanía y una clara alternativa de autodeterminación, sin padrinos. El papel de Irán es un ejemplo de autonomía frente a las presiones ajenas a la región, evidenciando que nuestras naciones pueden articular modelos de desarrollo e integración al margen de la tutela y los dictados de Washington y Europa.
Por Pablo Jofré leal
Periodista. Analista Internacional.
Artículo Para HispanTV
- https://www.hispantv.com/noticias/politica/649226/iran-no-permitir-agresores-dicten-condiciones-fin-guerra
- El castigo colectivo consiste en sancionar a un grupo de personas por actos realizados por miembros individuales de ese grupo. Convenios de Ginebra: Está explícitamente prohibido en el Cuarto Convenio de Ginebra (Artículo 33), que protege a las personas civiles en tiempo de guerra. Establece que "ninguna persona protegida podrá ser castigada por delitos que no haya cometido personalmente". Protocolos Adicionales: La prohibición se extiende a los conflictos armados no internacionales a través del Protocolo Adicional II (Artículo 4). Calificación penal: Dependiendo del contexto y la escala (como el bloqueo total de alimentos, agua o medicinas a una población civil), el castigo colectivo puede constituir un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.
- Este término se utiliza para describir el uso deliberado de medidas económicas coercitivas para causar inestabilidad masiva, pánico o privaciones extremas en una población civil con fines políticos o militares.
Uso como arma de guerra: El DIH prohíbe terminantemente el uso del hambre de la población civil como método de guerra (Protocolo Adicional I, Artículo 54). Destruir, atacar o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia civil (alimentos, zonas agrícolas, redes de agua potable) es ilegal.
Sanciones unilaterales generalizadas: Aunque los Estados tienen derecho a regular su comercio, las sanciones internacionales unilaterales ("embargos" o "bloqueos") que impiden el acceso a bienes humanitarios de primera necesidad violan el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, específicamente el derecho a la vida, la salud y la alimentación.
Principios de Distinción y Proporcionalidad: Las medidas económicas no pueden atacar indiscriminadamente a la población civil para presionar a un gobierno. Deben discriminar entre combatientes/líderes políticos y ciudadanos comunes.
