"Yo fui muy claro con estos señores (presos) que dirigen estas bandas (criminales), que si esto seguía, se iba a tener que tomar algún tipo de medida", dijo el jefe de Estado panameño a los periodistas el jueves refiriéndose al traslado de reclusos a esta prisión en el sur de Panamá.
Yo fui muy claro con estos señores (presos) que dirigen estas bandas (criminales), que si esto seguía, se iba a tener que tomar algún tipo de medida", dijo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
La reclusión de presos en la cárcel del Servicio Nacional Aeronaval en la isla Punta Coco, a 107 kilómetros al sur de la costa panameña, es una práctica que ha recibido las críticas de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los expertos de la ONU solicitaron el jueves al Gobierno panameño no continuar con el traslado de los reclusos al centro penitenciario en Punta Coco por las condiciones "degradantes" del recinto.
Agregaron que ese tipo de traslado se efectúa sin que se cumplan requisitos mínimos ya que carecen de la orden pertinente de las autoridades competentes y tampoco son notificados los familiares y abogados al respecto.
Sin embargo, el mandatario panameño recalcó que esta medida penitenciaria puede garantizar la seguridad del pueblo panameño y de los mismos detenidos que tienen “tanta rivalidad”.
Varela enfatizó que las instalaciones del penal son dignas y dijo que pedirá al Ministerio de Seguridad realizar las diligencias para permitir a los periodistas entrevistarse con los reclusos.
Seong-Phil Hong, quien encabeza el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, y Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de la ONU, declararon el jueves que esa base naval no reúne las condiciones sanitarias necesarias ni depende del Sistema Penitenciario.
El 9 de agosto, el director del Sistema Penitenciario de Panamá, Gabriel Pinzón, anunció que hasta la fecha el penal albergaba a seis presos .
En abril, la habilitación de esta cárcel consternó a la sociedad panameña, que además denuncia corrupción y violación de derechos humanos por parte del sistema penitenciario del país.
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