Por Xavier Villar
Iván Khlestakov es un simple funcionario, con una imaginación desbordante, pero el miedo de los lugareños a sus propias malversaciones le otorga los poderes de un auditor imperial. Khlestakov habita la ficción. Su autoridad no emana del zar, sino de la paranoia de sus anfitriones. Cuando la máscara cae, no queda más que el ridículo y la vulnerabilidad de quienes creyeron en el engaño.
La burocracia de seguridad nacional estadounidense opera hoy bajo esta misma psicología. Washington exige a Irán que acepte garantías de seguridad a cambio de exenciones temporales, sabiendo que su propio Congreso puede revocarlas ante el más mínimo temblor político. Cuando Teherán se niega a validar la ficción, la administración Trump responde con la teatralidad de un burócrata acorralado, amenazando desde Truth Social con un abismo que no se atreve a cruzar.
La reciente proclamación de Donald Trump declarando “muerto” el memorándum de entendimiento con Irán y amenazando con un bloqueo renovado no es un ejercicio de fuerza. Desde Teherán, estas proclamas se leen como lo que son: la frustración de un hegemón que ha agotado sus opciones de coerción convencional. El interrogante fundamental sobre qué puede imponer materialmente Estados Unidos en esta coyuntura ya fue respondido por las armas. Los recientes intercambios militares actuaron como un ajuste de cuentas brutal para Washington, trazando los límites físicos de su poder. Desprovista de sustento territorial, la escalada retórica carece de valor estratégico.
La anunciada muerte del memorándum es el resultado directo del sabotaje sistemático de Washington. Si el acuerdo termina de colapsar, la responsabilidad será enteramente de una Casa Blanca que, desde el primer minuto, se negó a cumplir con una sola de sus cláusulas. Lejos de adolecer de defectos estructurales, el texto ofrecía una secuencia lógica para la desescalada: Irán regularía el tráfico en Ormuz, Estados Unidos levantaría el bloqueo, Teherán accedería a sus fondos y a exenciones petroleras, y cesarían las amenazas. Era un puente hacia la negociación nuclear. Pero Washington trató el acuerdo no como un marco vinculante, sino como una pausa táctica para preservar su ventaja coercitiva mientras ponía a prueba la resolución de la otra parte.
Desde la perspectiva iraní, la violación fue inmediata y absoluta. La primera cláusula, que exigía el fin de la guerra en el Líbano, fue ignorada mientras Israel consolidaba sus posiciones en el sur. La liberación de activos se escatimó deliberadamente. Las amenazas no cesaron; Trump llegó a sugerir el secuestro de los negociadores iraníes en Suiza. El golpe final llegó el 7 de julio, cuando la Casa Blanca revocó la exención petrolera justo cuando Teherán consolidaba su ruta marítima. Fue Washington quien rompió la baraja, tratando el derecho internacional como un menú de opciones coercitivas en lugar de un marco de obligaciones recíprocas.
Esta dinámica revela la violencia inherente a la diplomacia estadounidense. La verdadera trampa no residía en el texto del memorándum, sino en la arquitectura legal del imperio. Gran parte del régimen de sanciones estadounidense está blindado por la legislación del Congreso, a través de mecanismos como la Ley CAATSA. Los presidentes norteamericanos solo pueden ofrecer exenciones renovables, revocables mediante un decreto ejecutivo. Tras la experiencia del acuerdo nuclear de 2015, los planificadores iraníes extrajeron una lección definitiva. El alivio económico temporal no sirve para reconstruir un país ni para garantizar su seguridad a largo plazo. Los inversores europeos y asiáticos comprenden esta realidad estructural; saben que cualquier integración bancaria con Teherán será castigada por el Departamento del Tesoro en el siguiente ciclo electoral.
Washington exige que Irán traduzca sus requisitos de soberanía al lenguaje del internacionalismo liberal, mientras se niega a acatar la lógica secuencial de los propios acuerdos que redacta. Teherán sabe que los cheques de la Casa Blanca son billetes falsos. Y cuando la República Islámica exige ver las credenciales reales de esas garantías, solo encuentra el vacío de un Congreso dividido.
Es en este callejón sin salida donde el estrecho de Ormuz ha dejado de ser un simple punto de estrangulamiento militar para convertirse en el eje de la soberanía iraní. Cambiar el programa nuclear o las redes de alianzas regionales por un alivio de sanciones efímero era una asimetría inaceptable. Ormuz, en cambio, ofrece una garantía que reposa en las propias manos de Teherán. Al obligar al tráfico comercial a usar su corredor designado y al tejer una administración conjunta con Omán para cobrar tarifas de tránsito, Irán busca un cambio profundo en la gestión del Golfo. Ya no se trata de Irán contra la comunidad internacional, sino de una administración marítima regional frente a la extraterritorialidad imperial.
Lejos de buscar el cierre total del estrecho —un escenario que detonaría un *casus belli* inmediato y carece de sentido económico para la propia República Islámica—, Teherán ha optado por transformar una autopista marítima, históricamente patrullada por la Quinta Flota de EE. UU., en una aduana soberana. Esta maniobra desafía directamente la interpretación que el Departamento de Defensa hace del derecho internacional del mar. Washington invoca el régimen de "paso en tránsito" para justificar la presencia de sus portaaviones, ignorando que la geografía del estrecho lo convierte en una zona donde las reclamaciones de soberanía costera son absolutas. Al establecer un corredor designado y una administración conjunta, Teherán no está "cerrando" el estrecho en el sentido clásico del bloqueo naval; está burocratizando su soberanía. Está creando un régimen jurídico paralelo que obliga a las navieras globales a elegir entre la seguridad física que ofrece la costa iraní y la ficción legal que emana de la Quinta Flota. En un mundo donde los seguros marítimos dictan las rutas comerciales, la realidad material de los misiles antibuque iraníes tiene más peso que las resoluciones del Consejo de Seguridad.
Durante décadas, la doctrina de la "libertad de navegación" en el Golfo Pérsico ha funcionado como una subvención encubierta a las economías occidentales y asiáticas, garantizando el flujo de hidrocarburos a coste cero para las potencias hegemónicas. Al exigir que el tráfico se someta a su corredor designado, Irán está cobrando la factura histórica de esa externalidad. Obliga al capital global a reconocer su jurisdicción. Si el Congreso estadounidense quiere endurecer las sanciones, tendrá que asumir el coste. La coerción deja de ser gratuita. Esta conversión de la geografía en mecanismo de extracción de rentas es lo que verdaderamente perturba a los mercados y a los planificadores del Pentágono. No es el cierre lo que aterra, sino la normalización de un peaje político sobre el flujo energético global.
Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos están prácticamente agotadas. Los inventarios globales se mantienen tensos, ya que el tráfico a través de Ormuz se ha mantenido muy por debajo de los niveles de prepandemia y preguerra. El margen para absorber un shock prolongado en el estrecho es inexistente, un lujo inasumible para una administración obsesionada con el coste de la energía de cara a las urnas. Los planificadores militares saben perfectamente que escoltar cada petrolero por el embudo de Ormuz exige un despliegue logístico insostenible frente a los enjambres de lanchas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y los misiles de costa. El castigo aéreo puede destruir infraestructuras, pero no puede borrar la topografía costera ni neutralizar a un estado que ha integrado la asimilación del daño en su propia doctrina de supervivencia. La guerra reciente ha demostrado que la potencia de fuego estadounidense carece de la capacidad estratégica para someter la geografía.
La República Islámica mantiene una conciencia histórica profunda de la ruptura contractual estadounidense, pero también posee una cosmología política donde la resistencia a la hegemonía imperial no es una mera táctica de supervivencia, sino un imperativo ontológico. La memoria del golpe de estado de 1953, el apoyo a Sadam Hussein en la década de 1980 y la salida unilateral del JCPOA en 2015 está viva como un recordatorio de las promesas incumplidas de Washington. Las amenazas de Trump son apenas la última entrada en este archivo. Doblegar a un Estado que acepta el daño táctico como precio de su continuidad requiere una ocupación terrestre que ningún presidente estadounidense ordenará. El aparato bélico estadounidense es estructuralmente incapaz de procesar una resistencia que convierte la guerra de desgaste en un arma potente dentro de su arsenal.
La supuesta muerte del memorándum es el colapso de una ilusión. Mientras Washington siga habitando la ficción de su propia hegemonía, negándose a aceptar que ha perdido la guerra y que ya no está en condiciones de imponer un dictado unilateral, ningún acuerdo, por precario que sea, será posible. El burócrata acorralado sigue agitando sus papeles y amenazando con el abismo, pero en el Golfo la ficción jurídica se ha estrellado contra la materia. Y hasta que el imperio no asuma su propia derrota, el estrecho permanecerá como el lugar donde la realidad le exige el pago de sus deudas.
