Por Xavier Villar
Hoy, una herramienta híbrida domina la escena: la sanción económica unilateral. Promovida como un instrumento de precisión, una alternativa humana a la carnicería del campo de batalla, su uso se ha normalizado hasta convertirse en el mecanismo disciplinario por excelencia del orden global contemporáneo. Ningún caso ilustra con mayor crudeza su verdadera anatomía, ni revela con más claridad los cimientos imperiales sobre los que se asienta, que el prolongado asedio económico de Estados Unidos a la República Islámica de Irán. Lejos de ser una mera política exterior, este régimen de sanciones constituye un caso de estudio de la dinámica de la disciplina neocolonial dentro de un sistema financiero global que sigue siendo profundamente jerarquizado. Es una demostración práctica de cómo, en la era de la soberanía formal, el poder se ejerce mediante la inclusión y la exclusión condicional de los flujos de capital que estructuran la vida económica de las naciones. La premisa de la sanción “inteligente” descansa en la idea del dolor administrado, un sufrimiento calculado que, al presionar a las masas, obliga a la élite gobernante a ceder. Esta teoría, sin embargo, pasa por alto una realidad estructural fundamental.
El orden político-económico global actual no es una mesa plana de estados soberanos en competencia. Es una arquitectura piramidal cuya cúspide está ocupada por la capacidad de crear y controlar el acceso al capital financiero denominado en dólares. Este sistema, una herencia de Bretton Woods reforzada por el colapso de la Unión Soviética y la financiarización del siglo XXI, ha convertido al dólar estadounidense y a su red de liquidación en la savia obligatoria de la economía mundial. Controlar el acceso a este sistema no es una simple herramienta de política exterior, es el ejercicio de una autoridad metapolítica, una soberanía sobre las condiciones de posibilidad de la participación económica internacional. Las sanciones, en este marco, son la manifestación de esa autoridad, una demostración de quién posee la llave que abre las puertas de los mercados globales.
Desde esta perspectiva, las sanciones estadounidenses a Irán trascienden el objetivo declarado de contener su programa nuclear o modificar su comportamiento regional. Operan como un castigo ejemplar ante el desafío iraní a su estatus periférico asignado. Irán no es solo un estado “canalla”; es un estado que, tras su revolución, insistió en construir una plataforma de soberanía política y económica fuera de los parámetros del consenso liberal occidental. Su resistencia es, por tanto, doblemente perturbadora. Desafía la hegemonía política de Washington en Oriente Medio y, de manera más fundamental, cuestiona las reglas no escritas del sistema financiero basado en el dólar. La disciplina impuesta no busca únicamente revertir políticas específicas, sino reafirmar el principio de que la autonomía fuera del marco imperial conlleva un costo existencial. Es una lección dirigida tanto a Teherán como a cualquier otro actor que contemple un camino similar de desafiliación relativa.
El mecanismo de la asfixia: armas financieras en un mundo conectado
El mecanismo central de esta disciplina es la asfixia financiera, una forma de guerra silenciosa en la que los campos de batalla son las cámaras de compensación y los registros bancarios. Las sanciones secundarias, aquellas que amenazan con cortar el acceso al sistema estadounidense a cualquier entidad, en cualquier lugar del mundo, que comercie con Irán, constituyen el arma definitiva. No requieren bloqueos navales. Operan a través de correos electrónicos y mensajes SWIFT. Un banco en Kuala Lumpur o Frankfurt se enfrenta así a una elección existencial: mantener relaciones con una entidad iraní designada o perder su capacidad para liquidar transacciones en dólares, una sentencia de muerte comercial. Este efecto de red es lo que transforma una medida unilateral estadounidense en una cuasi ley global. La “comunidad internacional” a la que a menudo se apela es, en la práctica, la comunidad de actores económicos que no pueden permitirse el exilio del sistema del dólar.
Esta arquitectura de coerción opera a través de una burocracia especializada, cuyo epicentro operativo es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. OFAC no emite bombas; emite listas. La inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) equivale a una muerte civil financiera a escala global. El poder no reside únicamente en la prohibición directa, sino en el efecto paralizante del riesgo regulatorio. La amenaza de multas multimillonarias, como las impuestas a bancos europeos en el pasado, ha institucionalizado el exceso de cumplimiento. Las instituciones financieras, temerosas de incurrir en sanciones accidentales, terminan por cortar relaciones con cualquier empresa o individuo que presente el más mínimo vínculo potencial con Irán, incluso cuando las transacciones podrían ser legales bajo exenciones humanitarias. Este fenómeno amplifica el impacto del régimen de sanciones más allá de la letra de la ley, creando un paisaje de riesgo que estrangula el comercio legítimo de bienes esenciales.
El costo humano
Las consecuencias humanitarias de este cerco, ampliamente documentadas, pero a menudo tratadas como un daño colateral lamentable, son en realidad centrales a su lógica disciplinaria. La escasez de medicamentos y equipos médicos, la inflación persistente, la contracción de la clase media y el éxodo de talentos no son fallos de un sistema mal calibrado. Son los resultados previsibles de una economía nacional sometida a un estrés extremo. La narrativa oficial en Washington sostiene que las sanciones están dirigidas al régimen y no al pueblo. Sin embargo, al estrangular los ingresos por exportación de petróleo y bloquear las transacciones financieras, el Estado iraní queda privado de los recursos necesarios para sostener importaciones esenciales y servicios públicos.
El impacto es particularmente agudo en sectores que dependen de cadenas de suministro globales complejas y de alta tecnología, como la aviación civil y la medicina avanzada. La prohibición de exportar repuestos y tecnología a la aviación iraní no es solo una forma de presión económica; es una decisión que afecta directamente la seguridad de millones de pasajeros civiles. De manera similar, las barreras para acceder a medicamentos oncológicos o equipos de diagnóstico especializados tienen un impacto medible en los índices de mortalidad y morbilidad. Este sufrimiento calculado es el vector a través del cual se espera que la presión se traduzca en cambio político. El objetivo, aunque rara vez explicitado, es generar un malestar social de tal magnitud que fuerce un cambio político desde dentro, o al menos sirva para demostrar a otras naciones observadoras el costo prohibitivo de la desviación. Es la continuación de la lógica colonial del castigo colectivo, ahora administrada a través de sistemas financieros digitales.
Autarquía forzada: la “economía de resistencia” como laboratorio
La respuesta de Teherán ha adoptado la forma de una búsqueda dolorosa y compleja de autarquía. La “economía de resistencia” promovida por el liderazgo iraní constituye un experimento forzado de desconexión parcial. Ha estimulado el desarrollo de una industria farmacéutica y agrícola doméstica más robusta derivadas del aislamiento tecnológico. Ha impulsado el comercio de trueque y el uso de monedas locales en acuerdos con socios como Rusia, China y Venezuela.
Esta resiliencia, no obstante, presenta límites estructurales claros. La persistente desconexión tecnológica, las restricciones en el acceso a inversión extranjera directa y a los mercados internacionales de capital, junto con la salida sostenida de recursos humanos altamente cualificados, representan desafíos significativos para el desarrollo económico de largo plazo. La economía iraní ha conseguido adaptarse a un entorno de presión externa prolongada, aunque a costa de una reducción en su capacidad productiva potencial y de tensiones acumuladas sobre los niveles de bienestar. El sistema económico ha absorbido parte del impacto de las sanciones mediante ajustes internos que han redistribuido sus efectos de forma desigual entre sectores y agentes. En este contexto, las entidades con mayor capacidad institucional, mayor integración vertical y experiencia operando bajo condiciones de restricción externa han tendido a consolidar su posición en áreas estratégicas de la economía. Este proceso ha contribuido a una recomposición gradual del equilibrio interno, reforzando enfoques orientados a la seguridad económica y a la autosuficiencia, un resultado que, desde una perspectiva externa, se aleja de los objetivos declarados de utilizar la presión económica como instrumento de cambio de comportamiento.
Continuidad histórica: de la extracción colonial a la exclusión financiera
Esta dinámica sugiere una continuidad significativa con prácticas de poder heredadas de etapas anteriores del sistema internacional. Mientras que el colonialismo clásico ejercía el control mediante la ocupación territorial y la administración directa, y el orden de la Guerra Fría lo hacía a través de relaciones de dependencia militar o intervenciones indirectas, las formas contemporáneas de coerción operan crecientemente a través de la dependencia financiera y de la integración asimétrica en cadenas de valor gestionadas desde los centros económicos globales. La independencia política formal, ampliamente consolidada en el siglo XX, queda así limitada por condicionantes económicos externos que restringen el margen de maniobra real de los estados. Las naciones periféricas participan plenamente en las instituciones multilaterales, pero cuando sus decisiones estratégicas divergen de los intereses dominantes del sistema, se enfrentan al riesgo de un aislamiento económico capaz de erosionar avances de desarrollo acumulados durante décadas.
En este contexto, la sanción económica se ha consolidado como una herramienta particularmente adecuada a las características del momento histórico actual. Su carácter reversible permite una gestión flexible de la presión, al tiempo que atenúa la visibilidad inmediata de sus efectos económicos y sociales. Puede intensificarse o relajarse gradualmente, preservando una apariencia de negociación mientras se mantiene un marco de coerción estructural. De forma relevante, su aplicación recae en gran medida en estructuras técnicas, regulatorias y financieras, menos expuestas al escrutinio público que las intervenciones militares tradicionales. Este diseño posibilita el ejercicio de un poder considerable con una atribución política difusa, trasladando la carga de sus consecuencias al Estado afectado, que queda a su vez responsabilizado de los efectos sociales derivados de la presión externa.
La erosión del orden y el surgimiento de contrasistemas
El caso iraní plantea una cuestión relevante para el funcionamiento del orden liberal internacional: qué ocurre cuando los instrumentos de coerción económica se emplean de forma reiterada e intensiva, hasta el punto de generar tensiones sobre los propios fundamentos de ese sistema. El uso del dólar como herramienta de política económica ha acelerado la búsqueda, a escala global, de mecanismos alternativos de liquidación y pago. Los esfuerzos de China por ampliar el uso internacional del yuan mediante su sistema de pagos transfronterizos (CIPS) y acuerdos de intercambio de divisas, las iniciativas de Rusia en torno al sistema SPFS, y los acuerdos bilaterales entre Irán, Rusia y otros socios que reducen o excluyen el uso del dólar, pueden entenderse como respuestas directas a la percepción de vulnerabilidad asociada a la dependencia de una única infraestructura financiera dominante.
Cada nueva ronda de sanciones refuerza los argumentos de quienes defienden una mayor diversificación del sistema monetario internacional. El intento europeo de establecer INSTEX, un mecanismo especial destinado a facilitar el comercio humanitario con Irán, aunque de alcance limitado, constituyó un reconocimiento explícito de la necesidad de explorar mayores márgenes de autonomía estratégica frente al predominio del dólar. En este proceso, Irán ha pasado a desempeñar, de manera involuntaria, el papel de espacio de prueba para estrategias de desdolarización, experimentando con pagos en monedas nacionales, esquemas de intercambio de mercancías y el uso incipiente de activos digitales. Desde esta perspectiva, la presión económica prolongada puede estar contribuyendo, a largo plazo, a la fragmentación gradual del sistema financiero internacional que sustenta su eficacia. La paradoja es evidente: los mecanismos diseñados para reforzar una posición dominante están, al mismo tiempo, incentivando el desarrollo de infraestructuras destinadas a reducir la dependencia de ella.
Conclusión: la tensión crónica de un orden disciplinario
El régimen de sanciones contra Irán no constituye un episodio aislado ni una anomalía coyuntural. Es la manifestación de una lógica más profunda del orden internacional contemporáneo. Revela un sistema en el que la independencia política formal continúa condicionada por una integración económica que puede ser restringida o revertida desde un centro de poder dominante. Muestra, asimismo, que los conflictos modernos pueden desarrollarse sin presencia militar directa, mediante la gestión y la interrupción de los flujos financieros que sostienen el funcionamiento de los Estados modernos.
Para Irán, esta experiencia ha supuesto una lección prolongada sobre los costos materiales de una estrategia de autonomía relativa. Ha dado lugar a una sociedad sometida a presiones persistentes pero capaz de adaptarse, a un Estado con un mayor énfasis en la seguridad y a una economía marcada por distorsiones estructurales, aunque funcional y alejada del colapso anticipado por numerosos observadores externos. Para Estados Unidos, el proceso ha puesto de manifiesto tanto el alcance como los límites de la coerción económica. La capacidad de generar presión material es considerable, pero la de inducir una transformación política integral ha demostrado ser más limitada. En este contexto, la población iraní ha soportado una parte desproporcionada del impacto de una confrontación geopolítica que trasciende sus condiciones de vida cotidianas.
Las sanciones, como instrumento central del poder contemporáneo, han mostrado eficacia en el corto plazo para contener y disuadir. Su legado a largo plazo, sin embargo, podría ser una fragmentación gradual del orden que las sustenta, al incentivar respuestas adaptativas y arquitecturas alternativas que reconfiguran, de forma silenciosa, los equilibrios del poder global.
