Durante una marcha celebrada después del rezo colectivo de este viernes, los bareiníes urgieron a las autoridades del país a poner en libertad, de manera inmediata, a todos los activistas y presos políticos detenidos desde el inicio de la revolución bareiní en febrero de 2011.
En este sentido, declararon su solidaridad con todos los detenidos y exigieron la liberación del líder del principal partido opositor bareiní Al-Wefaq, el sheij Ali Salman.
También denunciaron la violación de su derecho a decidir su propio destino por parte del régimen de Al Jalifa, así como su rechazo a aplicar reformas y establecer un gobierno democrático en el país.
Los indignados bareiníes insistían en la continuación de sus marchas pacíficas antigubernamentales, hasta el logro total de los objetivos de su revolución, iniciada en 14 de febrero de 2011.
Esta marcha antigubernamental se ha celebrado en las regiones de Al-Qarya, Sitrh, Bilad al-Qadim, Tubli, Al-Diraz; y algunas fuentes bareiníes informan de los ataques de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.
El pasado 28 de diciembre, las fuerzas de Al Jalifa arrestaron a Salman, acusándole de “incitar al derrocamiento” del régimen de Manama; alegaciones rechazadas por Al-Wefaq y la defensa del líder opositor.
El 16 de junio, un tribunal bareiní condenó al Sheij Ali Salman a cuatro años de cárcel por incitación al desorden público.
Esta medida del régimen bareiní contra la libertad de expresión ha recibido duras críticas; el partido Al-Wefaq tachó de “nula e ilegal” la sentencia contra su secretario general, el sheij Ali Salman.
También, la Unión Europea (UE) condenó la sentencia, y la consideró contraria a los esfuerzos hacia “una reconciliación nacional duradera e incluyente en Baréin”.
Amnistía Internacional (AI) aseguró que la sentencia contra Salman demuestra el sistemático desprecio de las autoridades de Baréin por el derecho a la libertad de expresión.
Desde febrero de 2011, los ciudadanos bareiníes protagonizan manifestaciones casi diarias contra la monarquía para reclamar, entre otros derechos, el fin del “monopolio del poder” y la instauración de un sistema constitucional y un Poder Judicial independiente.
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