La compañía multinacional gala de telecomunicaciones Orange SA, informó el martes de ese nuevo acuerdo por el cual ambas empresas intentan poner fin a la polémica por las declaraciones de un eventual boicot de la multinacional francesa de telecomunicaciones al régimen de Israel.
Ambas empresas explicaron, en un comunicado conjunto, que Orange pagará al israelí 40 millones de euros para la realización de un estudio de mercado en profundidad, con el fin de “evaluar” cómo el segundo “se integra en la dinámica del mercado de los servicios de telecomunicaciones en Israel”.
Asimismo, se contempla el abono de otros 50 millones de euros si se denuncia el acuerdo de licencia de marca en un plazo de dos años.
El nuevo compromiso prevé que si Partner no ejerce su derecho de acabar con el acuerdo de licencia en el primer año, cualquiera de los dos lo podrán hacer en el año siguiente.
Según ese acuerdo, si hubiera una modificación en la utilización de la marca, el conjunto de las actividades de investigación y desarrollo de la empresa francesa en los territorios ocupados pasará a desarrollarse con su propia marca.
No obstante, Orange no podría ofrecer en ese mercado servicios de telecomunicaciones.
El pasado 16 de junio, el presidente de la compañía francesa Orange, Stéphane Richard, y sus allegados recibieron cientos de amenazas de muerte tras anunciar su intención de cesar sus negocios con el régimen israelí.

El pasado mayo, algunas organizaciones pro derechos humanos pidieron a la multinacional Orange que denunciara los masivos “ataques a los derechos humanos” de los palestinos por el régimen de Israel, y que tomara medidas en contra de la firma israelí que trabaja bajo una licencia de la compañía gala.
Con esa decisión Orange, gigante mundial en telecomunicaciones, se ha sumado a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el régimen de Israel, un movimiento propalestino lanzado en 2005.
La iniciativa, que hace un llamado al boicot económico, cultural, académico y político contra el apartheid israelí, tiene como meta presionar al régimen de Tel Aviv para que se ajuste al derecho internacional y a los principios universales de los derechos humanos.
La denominada campaña ha obtenido un éxito creciente, especialmente en las esferas académica y artística, hasta el punto de ser calificada de amenaza “estratégica” por el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense David Petraeus.
El acelerado progreso de la campaña del BDS en todo el mundo, de hecho, ha inquietado al régimen de Tel Aviv y a su principal aliado, EE.UU.
Esta gran preocupación ha obligado al lobby sionista estadounidense AIPAC (siglas inglesas de Comité para Asuntos Públicos Estadounidense-Israelíes) a presionar a Washington a poner trabas al boicot en países extranjeros a través de pactos de “libre comercio”.
De acuerdo con estimaciones, el régimen de Israel ha sufrido hasta el momento una pérdida equivalente a casi 15 mil millones de dólares debido a la implementación de la campaña del BDS.
haj/ktg/msf
