Este jueves, la Fiscalía ha abierto una investigación contra Richard Ferrand, ministro de Cohesión Territorial y hombre de confianza del presidente Macron, por unos negocios inmobiliarios con los que favoreció a su familia en 2011 cuando presidía la asociación Mutualidades de Bretaña.
Asimismo, Ferrand, como diputado, contrató durante varios meses como asistente parlamentario a su hijo de 23 años. Aunque se trate de un hecho normal en el Congreso francés, —donde el 20 % de los diputados y senadores lo hacen—, podría manchar la imagen del Gobierno.
La noticia viene justo el mismo día en que el Ejecutivo de Macron que ya había prometido durante su carrera electoral “moralizar la política” y poner fin al “nepotismo”, ha anunciado que quiere prohibir que los ministros y diputados contraten a familiares.
La medida difícilmente podrá ayudar a Ferrand. Muchos en su propio partido creen que se verá forzado a dimitir; una exigencia que han planteado todos los partidos opositores, quienes han recurrido a este punto débil en la fortaleza de Macron para cargar contra él una y otra vez.
Ahora el Ejecutivo de Macron tiene dos opciones: o deja caer a Ferrand y encajar un grave golpe político en vísperas de las elecciones parlamentarias de este mes de junio, o mantenerle y asumir el riesgo de que el caso se convierta en uno de los ejes de la campaña.
El problema de Macron no se limita a Ferrand, sino que otra de sus ministros, la de Asuntos Europeos, Marielle de Sarnez, es objeto de una investigación preliminar sobre posibles empleos ficticios en el Parlamento Europeo (PE).
Estos dos casos amenazan con provocar la primera crisis del Gobierno de Macron, que asumió el cargo hace dos semanas.
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