La acusación de la ONU se refiere a la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de militares y policías que tiene la misión de enfrentar a los grupos armados que operan en el norte del país.
La ONU hace este pronunciamiento a raíz de la difusión de un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay sobre las acciones de la FTC así como los riesgos del marco jurídico que permiten la incursión en materia de seguridad interna sin plazo alguno.
La FTC, que también está acusada de violar la Constitución Nacional, está liderada por el general Ramón Benítez, bajo el mando del presidente Horacio Cartes, lo que pone en duda del rol de los ministros de Defensa y del Interior en los operativos, según el informe .
En su documento, la entidad de la ONU expresa también su preocupación por la gravedad de las violaciones de derechos humanos, especialmente casos de torturas en forma repetida e insta al Gobierno de Cartes a que tome en cuenta las recomendaciones lo antes posible.
Alerta también sobre numerosas acusaciones planteadas públicamente por actuaciones calificadas de atropellos en asentamientos campesinos, criticadas incluso por referentes de la iglesia católica en esas zonas.
La denuncia de ONU se produce un día después de que el general Ramón Benítez, principal responsable de la FTC, encargada del combate al grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fuera depuesto por una orden de Cartes, según los informes estatales, por la falta de resultados. Benítez asumió el cargo en agosto del 2014.
A finales de enero, el EPP asesinó a Robert Natto y a Erika Reiser, una pareja de alemanes afincada en el departamento de Concepción, en el norte del país, donde el primero era propietario de una explotación de ganado.
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