Las carencias de infraestructura y la falta de recursos económicos para cumplir compromisos adquiridos, así como la falta de transparencia en torno a la suscripción del pacto, han provocado duras críticas en Guatemala al pacto migratorio con Estados Unidos.
El procurador de los derechos humanos del país, Jordán Rodas, presentó tres acciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para anular el pacto, que lo consideran ilegal.
Washington y Guatemala firmaron el viernes 26 de julio el “acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección con Estados Unidos” para frenar la migración irregular, que la Casa Blanca definió como un convenio para convertir a la nación centroamericana en tercer país seguro.
El acuerdo permite al Gobierno de Estados Unidos devolver al país centroamericano a migrantes que soliciten asilo en su territorio y tendrá una vigencia de dos años. Pero, según Rodas, el pacto es inviable porque Guatemala no cumple las condiciones de convertirse en “tercer país seguro”.
De acuerdo con Rodas, el pueblo guatemalteco fue engañado, pues mientras el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, negaba que se tratase de un acuerdo de “tercer país seguro”, el presidente estadounidense, Donald Trump, lo celebraba como tal. Hay países que han resistido y que no se han dejado engañar por Estados Unidos.
El pacto no solo es rechazado por las autoridades de Guatemala, sino también por el pueblo que lo ve como un favor hacia Estados Unidos que traerá problemas económicos al país. También es rechazado por instancias como Amnistía Internacional (AI), la oenegé Refugees International y la coalición Refugio para las Familias al señalar que vulnera derechos de los migrantes.
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