Tras ocho décadas, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco de un controvertido santuario atrajo también la atención sobre un tema sin resolver que está vinculado con su régimen: los cientos de fosas comunes anónimas que demuestran la brutalidad de su dictadura.
El proceso de exhumación de unas 130 000 víctimas de las fosas comunes de la era de la Guerra Civil esparcidas por todo el país está ganando impulso bajo el nuevo gobierno español.
Las labores de exhumación, amparadas por la ley al menos durante la última década, han sido irregulares, intermitentes y dirigidas por los descendientes de las víctimas que tienen que buscar financiamiento independiente y no estatal, lo que provocó críticas de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de derechos humanos.
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