En la concentración celebrada el viernes —que coincidió con el 41.º aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978— frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, los indignados quemaron fotocopias del preámbulo de la Constitución y una bandera española, a la vez de gritar consignas como “la Constitución, exilio y prisión” o “esta Constitución no nos representa”, pidiendo la libertad de los políticos independentistas presos.
Durante la protesta, los participantes coreaban consignas en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la justicia y el Estado español.
Los independentistas, del mismo modo, generaron un boicot a una manifestación a favor de la Constitución en la ciudad catalana de Gerona, donde, al igual que en Barcelona, prendieron fuego a la Carta Magna.
Por su parte, la plataforma asamblearia Candidaturas de Unidad Popular (CUP) puso en marcha una campaña contra la Constitución española con el lema “Yo también la rompo”.
La Constitución (española) es monárquica, nos niega que somos una nación, nos niega el derecho a la autodeterminación e impone al ejército por encima de las otras instituciones con el fin de garantizar la unidad territorial del Estado español”, según el diputado de la plataforma asamblearia Candidaturas de Unidad Popular (CUP), Carles Riera.
Barcelona.
— Aurelio (@Aurelio19893826) December 6, 2019
Los CDR queman ejemplares de la Constitución Española y la bandera nacional 🇪🇸 pic.twitter.com/BiZPRDQA8r
El diputado de la CUP, Carles Riera, —que participó en la manifestación de Barcelona— publicó un vídeo en Twitter, donde se le ve rompiendo por la mitad una hoja de la Constitución.
“La Constitución es monárquica, nos niega que somos una nación, nos niega el derecho a la autodeterminación e impone al ejército por encima de las otras instituciones con el fin de garantizar la unidad territorial del Estado español”, indicó.
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La crisis de Cataluña, uno de los temas más espinosos en España. De hecho, los intentos de separar Cataluña del Estado español han suscitado una gran polémica desde el plebiscito de octubre de 2017, la posterior declaración de la independencia de Cataluña por el Ejecutivo regional, presidido por el entonces Carles Puigdemont, y, en consecuencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno español.
Lo que volvió últimamente a girar miradas hacia esa cuestión fue la decisión en octubre del Tribunal Supremo de España de condenar a entre nueve y 13 años de prisión a varios políticos por su papel en el referéndum de autodeterminación, lo que sigue provocando desde entonces protestas antigubernamentales.
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