El magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarenta, encargado de investigar el llamado 'procés' (proceso independentista de Cataluña), ha activado este lunes una nueva euroorden contra Puigdemont, que urge la detención y la extradición a España del expresidente catalán.
Llarenta ha explicado que “la simple imputación” de Puigdemont provocó su huida de España el 30 de octubre de 2017, por lo que la divulgación de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de España contra los líderes independentistas, que se ha producido hoy, podría terminar en intentos para refugiarse en países que no formen parte de la Unión Europea (EU).
“La publicación de la sentencia potencia el riesgo de fuga del encausado (…) No porque la sentencia pueda impulsarle a ponerse fuera del ámbito de actuación directa de este instructor, pues su situación de prófugo de la justicia ya se materializó al inicio del procedimiento y persiste en la actualidad, sino porque las graves responsabilidades que se ciernen sobre él, y la solidez de su atribución, pueden impulsarle a nuevas iniciativas para dificultar su captura”, ha matizado el magistrado.
Teniendo en cuenta los cargos de “rebelión” que pesan contra Puigdemont, Llarena pide que la nueva euroorden sea notificada a las autoridades de Bélgica.
La publicación de la sentencia potencia el riesgo de fuga del encausado (…) No porque la sentencia pueda impulsarle a ponerse fuera del ámbito de actuación directa de este instructor, pues su situación de prófugo de la justicia ya se materializó al inicio del procedimiento y persiste en la actualidad, sino porque las graves responsabilidades que se ciernen sobre él, y la solidez de su atribución, pueden impulsarle a nuevas iniciativas para dificultar su captura”, ha matizado el magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarenta.
Se trata de la tercera euroorden emitida por la Justicia española contra Puigdemont. El juez español volvió a intentar con ese mecanismo la detención del líder catalán y su entrega a España con el fin de que pueda ser juzgado por sedición y malversación de fondos.
La primera euroorden fue cursada el 3 de noviembre de 2017 por la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero Llarena la retiró en diciembre, poco después de asumir la instrucción de la causa, por temor de que Bélgica cercenara los cargos y no entregara al encausado por rebelión. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la segunda euroorden, emitida tras la detención de Puigdemont en Alemania cuando regresaba en coche a Bélgica el 25 de marzo de 2018.
A Bélgica le bastaron dos meses para que el Tribunal de Primera Instancia de lengua neerlandesa de Bruselas rechazara y declarara sin efecto esa euroorden. Por su parte, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) aceptó el 12 de julio de 2018 entregar a Puigdemont para que fuera juzgado por una presunta malversación de fondos públicos, pero no por rebelión o sedición.
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Llarena se negó a aceptar la entrega por uno solo de los cargos y destacó “la falta de compromiso” del tribunal alemán con hechos que habían quebrantado el orden constitucional español.
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