La Junta Electoral Central (JEC) de España, en una resolución emitida en respuesta a los recursos presentados por el Partido Popular (PP) y los Ciudadanos, ha comunicado este lunes que Puigdemont y sus antiguos ministros regionales Antoni Comín y Clara Ponsatí, no podrán concurrir como candidaturas de los independentistas catalanes en las elecciones del Parlamento Europeo (PE).
“Ante el triunfo del independentismo en las elecciones de ayer (el 28 de abril), la Junta Electoral Central ha decidido excluir a Carles Puigdemont de las listas a las europeas para intentar frenar otra victoria… han puesto en riesgo la viabilidad de las elecciones europeas”, ha denunciado Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, en su cuenta de twitter.
Por su parte, el partido Junts per Catalunya (JxCat) ha denunciado severamente la medida, tachándola de una “flagrante vulneración de los derechos fundamentales” de los catalanes afectados por la Junta Electoral Central.
“Quieren silenciar y apartar una candidatura para que no pueda explicarse en el corazón de las instituciones europeas aquello que representa: (...) la decisión de millones de catalanes de constituir una república”, ha afirmado JxCat.
Ante el triunfo del independentismo en las elecciones de ayer (el 28 de abril), la Junta Electoral Central ha decidido excluir a Carles Puigdemont de las listas a las europeas para intentar frenar otra victoria (…) han puesto en riesgo la viabilidad de las elecciones europeas”, ha denunciado Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Las elecciones al Parlamento Europeo son el 26 de mayo pero, para asegurarse el resultado, la Junta Electoral Central ha votado hoy... como en Turquía
— Gonzalo Boye (@boye_g) April 29, 2019
La medida se produce un día después de que los independentistas catalanes, entre ellos cinco juzgados en el Tribunal Supremo de España por su papel en el intento de secesión de 2017, obtuvieron 22 escaños en las elecciones generales de 28 de abril de España.
El cesado presidente catalán vive en el exilio en Bruselas (la capital de Bélgica) desde el octubre de 2017, ya que en España sigue teniendo pendiente una orden de detención y captura en su contra para ser juzgado por rebelión y sedición, entre otros delitos.
PP y Ciudadanos, no obstante, han justificado sus recursos en que Puigdemont y sus dos consejeros están procesados por el Tribunal Supremo por graves delitos, y no están a disposición de la justicia española, sino que están en situación de rebeldía.
El 27 de octubre de 2017, Puigdemont fue destituido, junto con el resto de su gobierno regional, en aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución española presentadas por el Ejecutivo español, respondiendo a la “ilegal” declaración de independencia de Cataluña aprobada por el Parlamento regional.
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