Según dos fuentes conocedoras del asunto, citadas por el periódico estadounidense, The Wall Street Journal (WJS), el Gobierno de EE.UU. está preparando sanciones contra la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con la información, las sanciones contra la CPI ya han sido preparadas, aunque todavía no está claro cuándo serán anunciadas. WJS ha precisado que la decisión podría concretarse esta semana durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).
Washington ha impulsado medidas para limitar las actividades de la CPI. Funcionarios estadounidenses han exigido al tribunal que retire las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes, y que ponga fin a una investigación previa sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.
En julio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció una campaña para aislar a la CPI y pidió a otros países que abandonaran el tribunal. Washington ya ha impuesto sanciones contra varios jueces y fiscales de la Corte, pero hasta entonces había evitado sancionar directamente a la institución.
Una medida dirigida contra toda la organización y contra entidades que colaboren con ella podría afectar significativamente las operaciones de la CPI. Las sanciones estadounidenses podrían restringir las transacciones financieras entre ciudadanos o empresas estadounidenses y la CPI, salvo que cuenten con una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La presión de Trump contra la CPI se remonta a su primer mandato y se intensificó tras la emisión, en noviembre de 2024, de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto de Gaza. Washington ya ha sancionado a varios funcionarios de la CPI, incluido su presidenta, Tomoko Akane, y un fiscal sénior.
La Corte Penal Internacional, creada en 2002, tiene el mandato de investigar y juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a hacerlo. Cabe señar que Estados Unidos no es miembro de la CPI y desde hace tiempo se opone a su jurisdicción.
En los últimos años, las administraciones Trump han atacado repetidamente a jueces y fiscales de la CPI, citando las investigaciones del tribunal que involucran a personal estadounidense y sus órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro israelí de asuntos militares Yoav Gallant como una amenaza para los intereses y la seguridad estadounidenses e israelíes.
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