La decisión del jurado neoyorquino se produjo tras nueve años de esfuerzos de los fiscales federales para confiscar la torre, propiedad de la Fundación Alavi (una organización iraní sin ánimo de lucro que promueve la cultura islámica y la lengua persa), informa la agencia estadounidense Bloomberg.
De acuerdo con el veredicto, el Gobierno estadounidense ha probado la implicación de la propiedad inmobiliaria en el envío de fondos a Irán, por lo que el edificio —con un valor de mercado de unos 1000 millones de dólares— podrá ser confiscado por EE.UU.
En 2014, Washington había comunicado su decisión de confiscar el rascacielos iraní debido a los supuestos vínculos de sus propietarios con el banco estatal iraní Melli, que en aquel entonces formaba parte de la lista de sanciones de EE.UU. al país persa por su programa de energía nuclear.
Según un portavoz del procurador federal de Nueva York, Joon H. Kim, el producto de la venta del inmueble será destinado a un fondo de compensación para los afectados por un ataque a una base de las Fuerzas Navales de EE.UU. en Beirut en 1983.
Los afectados son 241 militares estadounidenses muertos en el ataque ocurrido en la capital libanesa, del que Washington acusa a Irán y a los combatientes del Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), pese a que Irán ha rechazado en reiteradas ocasiones tener vínculo alguno con la operación.
Teherán ha expresado también en el pasado su rechazo a la posible confiscación del edificio, tachando la hipotética medida de “ilegal”, “infundada” y “propagandística”, y negando mantener ningún vínculo con la Fundación Alavi.
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