Durante su programa semanal “Enlace Ciudadano”, el mandatario ha resaltado este sábado que el pueblo defenderá sus derechos ante el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial (BM) que ha sentenciado al Estado ecuatoriano a pagar 1.061.775 de dólares a la transnacional Oxy.
Todo el problema empieza cuando (el Occidente) rompe ley ecuatoriana, (…) estaban acostumbrados a hacer los que les diera la gana con nuestros países, a irrespetar la soberanía y las leyes”, ha señalado Rafael Correa, presidente de Ecuador.
Tras haber descrito de “desigual” el arbitraje, ha alabado los intentos de la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur) para crear centros de arbitraje regionales, que a su juicio “buscan realmente la justicia, no solamente los beneficios del capital internacional”.
De igual forma, ha arremetido contra el antiguo Tratado Bilateral de Inversión (TBI) –el problema que enfrenta Quito con la Oxy se debe al supuesto incumplimiento de este acuerdo–, para luego alzar su voz contra los Gobiernos neoliberales que firmaron tratados.
“Los Gobiernos entreguistas son una verdadera vergüenza”, ha dicho Correa y les ha atribuido la responsabilidad de la crisis que atraviesa el Gobierno.
Pese a sus duras críticas asegura que Ecuador está buscando solventar el problema por la vía amistosa, ya que esta conducta beneficiará a todas partes involucradas.
“Todo el problema empieza cuando (el Occidente) rompe ley ecuatoriana, (…) estaban acostumbrados a hacer los que les diera la gana con nuestros países, a irrespetar la soberanía y las leyes”, aduce.
En su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa dijo hace pocos días que se realizarían las apelaciones respectivas, y que se busca un acuerdo definitivo, incluso presentando una propuesta de arreglo a la petrolera Oxy.
Hace 9 años la petrolera incumplió un contrato de exploración y explotación petrolera en Ecuador, lo que generó la caducidad del mismo, por lo que, según la Procuraduría General del Estado (PGE) no estaba sujeto a ningún arbitraje internacional, el tribunal argumentó en cambio que la caducidad del contrato fue una medida desproporcionada.
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