Colombia vive multitudinarias protestas desde el pasado 28 de abril en rechazo al proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, un plan que afectaría a las clases vulnerables del país.
Las movilizaciones contra la reforma fiscal en Colombia desde el 28 de abril han sido reprimidas de manera violenta por parte de los oficiales de la Policía. Según la Defensoría del Pueblo del país, como consecuencia ya han muerto al menos 17 personas.
La represión policial en Colombia está poniendo en riesgo no solamente la vida de los ciudadanos, sino también de los integrantes de los equipos pro derechos humanos, tal y como ha denunciado este martes Juliette de Rivero, representante en Colombia de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Mientras dábamos seguimiento a la situación de los derechos humanos en [la ciudad colombiana de] Cali no hubo disparos directos contra el equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”, ha lamentado Rivero mediante un mensaje emitido este martes en su cuenta de Twitter.
De igual modo, la representante de las Naciones Unidas ha advertido de un saldo indeterminado de muertos y heridos que se registran en Cali, al mismo tiempo que ha expresado su preocupación “sumamente” por la cantidad de víctimas y heridos en la misma ciudad.
Asimismo, ha instado al “respeto por la vida de todas las personas” ante los incidentes, dado que así “se fortalecerá la democracia y el Estado de derecho”.
Muy criticada por su pasividad ante la masacre de los manifestantes, la ONU expresó por fin el domingo su “preocupación” por la situación de los derechos humanos que vive Colombia.
Por su parte, varias organizaciones sociales han denunciado la masacre de la gente por los agentes antimotines en Colombia.
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