"Un proceso de tamaña magnitud institucional, que lleva a juicio al más alto cargo del Estado, debe seguir el debido proceso", ha declarado el magistrado del TSF, Teori Zavascki, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación brasileños.
Un proceso de tamaña magnitud institucional, que lleva a juicio al más alto cargo del Estado, debe seguir el debido proceso, ha declarado el magistrado del Tribunal Supremo Federal (TSF), Teori Zavascki.
Así pues el TSF acepta las demandas de los diputados oficialistas contra la 'hoja de ruta' del presidente del Congreso, Eduardo Cunha, para juzgar a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, aduciendo que, si bien corresponde al presidente de la Cámara de Diputados la decisión, los pasos a seguir están fijados en la Constitución.
Cunha pretendía formar una comisión dominada por la oposición para examinar la petición de celebrar un juicio político contra Rousseff. El oficialismo argumenta que la composición de dicha comisión debe ser proporcional, pues, en caso contrario, el resultado prácticamente vendría dado.
"La ley dice que la comisión especial que debe decidir, en el caso de que el presidente de la Cámara de Diputados lo considere oportuno, estará compuesta proporcionalmente por los representantes de los partidos políticos", arguye el legislador oficialista Wadih Damous.
No obstante, Cunha, ha restado importancia a la decisión del TSF, explicando que su prerrogativa constitucional no está en cuestión, sino cómo se llevará a cabo el proceso.
Además, el presidente del Congreso ha adelantado que pretende decidir este martes sobre las peticiones de juicio político —una docena de ellas— contra Rousseff, basadas en su supuesta responsabilidad en la trama de sobornos para la concesión de contratos públicos de Petrobras, si bien el mismo Cunha ya rechazó con anterioridad 13 de ellas por falta de evidencias.
En caso de que Cunha dé trámite a alguna de estas solicitudes, se creará una comisión parlamentaria para ratificar o rechazar la decisión del presidente de la Cámara de Diputados; y el dictamen se someterá a votación en el pleno, donde serán necesarios al menos dos tercios para enjuiciar a Rousseff.
De todas formas Dilma Rousseff, también líder del Partido de los Trabajadores (PT), cuenta con los votos suficientes para frenar a la oposición y, además, la reciente reforma del Gobierno va encaminada precisamente a dar más presencia a los partidos aliados para garantizar el apoyo en el Congreso.
El pasado 25 de septiembre, los diputados del PT y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB) criticaron al líder de la Cámara baja, Eduardo Cunha, por su petición de un juicio político contra la presidenta Rousseff.
En este sentido, la dignataria brasileña declaró que recurriría al Supremo Tribunal Federal, si los legisladores conseguían los votos necesarios para iniciar tal acción en su contra.
El escándalo de Petrobas también ha salpicado al expresidente brasileño Fernando Collor de Mello (1990-1992) y al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que recibieron en agosto acusaciones formales de la Fiscalía de Brasil.
La corrupción en Petrobras, que afecta a gran parte de la esfera política brasileña, podría costar a Brasil hasta 20.000 millones de reales (5300 millones de dólares) en pérdidas de la petrolera estatal, según alertó recientemente el fiscal federal brasileño, Deltan Dallagnol.
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