El secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales de Bolivia, Emerson Calderón, ha declarado este lunes que la agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos) y también subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, reconoció el viernes en la jornada de alegatos ante el principal órgano judicial de la ONU que Chile no se opone a que Bolivia pueda ejercer sus derechos sobre los canales construidos en el Silala.
Calderón ha subrayado que la parte chilena, incluso no ha descartado la posibilidad de desmantelar esta infraestructura para facilitar el flujo de aguas hacia el territorio boliviano.
“El equipo chileno ha aceptado que Bolivia tiene derecho a restaurar los humedales que se han visto perjudicados por la infraestructura instalada en el lugar”, ha destacado.
Además, ha calificado de importante este reconocimiento, ya que, antes, Chile no admitía que Bolivia tuviese una libre disponibilidad sobre la canalización.
Los alegatos en el marco del caso se extenderán hasta el 14 de abril. Este lunes, ha sido el turno de los expertos bolivianos para presentar sus argumentos y el 13 de abril será su segunda ronda de alegatos. Así, el 11 de abril será el segundo interrogatorio a los expertos convocados por Chile.
WATCH LIVE: Bolivia presents its first round of oral argument, including counter-claims, in the case concerning the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (#Chile v. #Bolivia) before the #ICJ https://t.co/rWSrFRZ1uw
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 4, 2022
Bolivia sostiene que las aguas del Silala pasan al territorio chileno porque fueron desviadas artificialmente hace más de cien años, por lo que afirma que no es un río, sino un conjunto de manantiales.
Sin embargo, Santiago se adelantó a Bolivia en junio de 2016 interponiendo una demanda ante La Haya para defender su teoría de que el Silala debe tratarse como un río internacional.
Ante esta coyuntura, en agosto de 2018, Bolivia presentó sus argumentos a la demanda chilena y “contrademandó” al país en la misma causa, afirmando que una parte importante del flujo de agua que corre hacia Chile es de carácter artificial y que debe pagar por su uso.
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