La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha tomado draconianas medidas anti-Morales, aunque ha dicho que su gobierno es estrictamente de transición.
Bolivia, bajo el gobierno de facto, ha dado un vuelco en política exterior. Áñez se ha alejado de grandes aliados de Bolivia, como Venezuela, incluso ha cargado contra México, pero ha eliminado los visados para el ingreso de turistas de Israel y EE.UU.
Asimismo, ha pedido ayuda al régimen de Israel en contra de la izquierda boliviana. El ministro del interior del gobierno de facto, Arturo Murillo, ha urgido a Israel a colaborar con el combate al “terrorismo” en el país suramericano.
“Los hemos invitado a ayudarnos. Están acostumbrados a tratar con terroristas. Saben cómo manejarlos”, declaró el viernes pasado Murillo a la agencia de noticias británica Reuters.
También, los organismos de derechos humanos presionan por la derogación de un decreto emitido por Áñez, el cual, según sus críticos, permite a los militares reprimir a los manifestantes sin repercusiones.
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El gobierno de facto ha emitido decretos para usar la fuerza sin regulaciones ni penalidades, con un saldo de más de 35 muertos y 800 heridos y detenidos. La misión de observación desplegada en Bolivia por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha apostillado que “podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”, particularmente en las ciudades de Sacaba (centro-oeste) y Senkata (oeste).
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Todo eso, mientras los bolivianos expresan su descontento protestando de todas las formas posibles.
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