Según informó el sábado el diario local Página 12, la CIDH llevará a cabo el próximo 8 de abril en Washington, EE.UU., una audiencia pública, en la que el Gobierno de Argentina deberá explicar específicamente “su ofensiva contra la comunicación popular a través de (el Decreto de Necesidad y Urgencia) DNU que ataca a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital”.
A menos de 30 días de haber asumido su cargo, Macri decretó modificaciones en la Ley de Medios democrática, la cual regula la distribución de las licencias de radio y televisión en Argentina —una victoria legislativa de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner— y provocó masivas protestas en el país sudamericano.
“Los DNU violan los estándares sobre libertad de expresión y comunicación democrática de la OEA (Organización de Estados Americanos) e incluso de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), a los que el país adscribió, (por lo cual) merece un llamado de atención”, indicó Mariela Pugliese, presidenta del Farco.
Cabe recordar también que el Gobierno de Macri dio inicio hace unos días a los trámites para desvincular a Argentina de la señal de Telesur, canal de noticias lanzado en 2005 por el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez.
La audiencia del CIDH fue solicitada por un conjunto de organizaciones integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Redcom), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y etc.
Durante un congreso nacional realizado a principios de marzo, la CCD puntualizó que “la audiencia tratará la vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos".
“Los DNU violan los estándares sobre libertad de expresión y comunicación democrática de la OEA (Organización de Estados Americanos) e incluso de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), a los que el país adscribió, (por lo cual) merece un llamado de atención”, indicó Mariela Pugliese, presidenta del Farco.
Asimismo expresó la esperanza de su organismo que dicha presentación importante “tenga una respuesta de recomendación concreta al Gobierno nacional”, mientras urgió la necesidad de “encontrar otras vías para contar lo que pasa en torno a la violación al derecho a la comunicación, que en Argentina permanecía estable hasta estos decretos”.
Una vez instalado en la Casa Rosada, la nueva Administración argentina ha adoptado una serie de “medidas reformistas” —en particular en el sector económico y laboral— , lo que ha causado muchas críticas y manifestaciones de rechazo.
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