“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, afirmó Alliana, hasta hoy vicepresidente, quien asume el poder para terminar el mandato que inició Peña en 2023, que se extiende hasta 2028.
En cuanto al escándalo desatado por la crisis bancaria que provocó la insolvencia de Ueno Bank, Alliana ordenó adoptar “acciones inmediatas” para resarcir a los ahorristas, dando prioridad a los más desfavorecidos. “No quiero a ningún tibio al frente de esta misión. Quiero resultados. Mi compromiso con la transparencia es innegociable”, señaló.
Previamente, efectivos de la Policía Nacional detuvieron a Peña en su residencia de Asunción, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía.
El exmandatario quedó bajo custodia domiciliaria y a disposición del Ministerio Público, en el marco de la causa N.º 92/2026, abierta por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. La medida también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.
Ese mismo día, el Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña tras declararlo culpable de “mal desempeño de sus funciones” en un juicio político celebrado en su ausencia. La decisión fue aprobada por unanimidad, con los votos de los 44 senadores presentes.
Peña no se presentó el viernes a la sesión del juicio político en su contra en el Senado, pese a haber prometido que acudiría personalmente para ejercer su derecho a la defensa. La noche del jueves, Peña escribió en su cuenta de X: “Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”.
Los senadores rechazaron, por 39 votos contra 3, la solicitud de Peña de disponer de otras 72 horas para preparar su defensa. Ante la ausencia del mandatario y de sus abogados a la hora prevista para exponer los argumentos, los legisladores decidieron continuar el procedimiento y comenzaron a examinar las pruebas en su contra.
Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, llegaron poco después y argumentaron que los senadores no habían concedido a Peña tiempo suficiente para preparar su defensa. También sostuvieron que deberían haber aceptado su renuncia en lugar de continuar con el juicio político.
La distinción jurídica es importante. La Constitución de Paraguay otorga a los expresidentes elegidos democráticamente un escaño vitalicio en el Senado, que les confiere inmunidad parlamentaria frente a procesos judiciales, salvo que hayan sido declarados culpables en un juicio político.
🇵🇾 El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso en medio del escándalo bancario. pic.twitter.com/VHWQkkBy1X
— HispanTV (@Nexo_Latino) November 5, 2026
Los cargos del juicio político se centran en los estrechos vínculos de Peña con Ueno, una entidad crediticia poco conocida que, en apenas unos años, se convirtió en uno de los mayores bancos de Paraguay tras captar más de 800 millones de dólares en fondos públicos.
Los legisladores cuestionan la participación de Peña en la sociedad holding de Ueno, que vendió el año pasado, así como el nombramiento de un antiguo directivo de la entidad al frente del Banco Central, organismo responsable de supervisar y regular el sector bancario. También lo acusan de haber permitido que los depósitos de los fondos públicos de pensiones en Ueno superaran los límites establecidos por la ley.
Paraguay entró en crisis después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara iniciar un procedimiento de resolución de Ueno, una entidad bancaria que cuenta con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes y que, durante el mandato de Peña, había recibido cuantiosos fondos de organismos públicos.
A esta situación se sumó la preocupación de miles de ahorradores, que denunciaron no poder acceder a sus fondos. Entre ellos figuran 32 000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales entidades de pensiones del país.
Por su parte, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1200 millones de dólares de fondos públicos paraguayos tras el cierre de Ueno Bank y solicitaron que se declarara culpable al mandatario, a quien calificaron como “el mayor desfalcador de la historia” del país.
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