Durante el régimen de Alberto Fujimori, miles de mujeres, principalmente indígenas y campesinas, fueron sometidas a operaciones sin su consentimiento. La decisión fiscal vuelve a poner en cuestión el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú de investigar y sancionar a los responsables.
La Fiscalía peruana archivó la investigación por las esterilizaciones forzadas, pese a décadas de reclamos de justicia por parte de las víctimas. Durante el régimen de Alberto Fujimori, miles de mujeres fueron sometidas a ligaduras de trompas sin su consentimiento, en uno de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos en el país.
Las esterilizaciones forzadas fueron una política de Estado porque el régimen de Fujimori fijó metas y directrices para realizarlas, incluso sin consentimiento informado.
Se estima que al menos 272 000 mujeres fueron esterilizadas durante el régimen de Fujimori, mientras que 4172 figuran como agraviadas en la investigación fiscal por estos hechos.
La Corte IDH determinó que estos hechos, por constituir graves violaciones de derechos humanos, no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía. Asimismo, exigió al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables.
Aarón Rodríguez, Lima.
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