El primer barco, que transportaba a decenas de inmigrantes, ha llegado a Dikili a las 09H20 locales (07H20 GMT), y un segundo llevará a varios centenares más a Turquía.
“No a Turquía", gritan unos refugiados que piden ayuda a Europa y rechazan el regreso a Turquía, a pocas horas de que la Agencia Europea de Fronteras empiece a devolverlos a territorio turco.
“No a Turquía", gritan unos refugiados que piden ayuda a Europa y rechazan el regreso a Turquía.
La deportación de los solicitantes de asilo que llegan a Grecia, mayormente desde los países azotados por conflictos como Siria e Irak, ha generado mucha preocupación y críticas entre las organizaciones pro derechos humanos.
Citado este lunes por la cadena estadounidense CNN, Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional (AI) sobre Turquía, ha expresado “la gran inquietud” que siente este organismo tanto por el acuerdo UE-Ankara, como por el envío forzoso de migrantes de Grecia al territorio turco.
Para Gardner, este lunes se debe considerar un “día negro” en la historia de la UE, pues “los derechos humanos son ignorados debido a un estancamiento político entre los miembros del bloque”, lo que ha impedido resolver la crisis de refugiados.
El viernes, AI acusó a Turquía de expulsar diariamente a Siria, desde mediados de enero, a grupos de inmigrante compuestos por un centenar de hombres, mujeres y niños.
El organismo denunció, además, que la UE “ignora a propósito” las prácticas “ilegales” del Gobierno de Turquía contra los refugiados. La Cancillería turca, a su vez, refutó las acusaciones.
Según el pacto logrado entre los líderes europeos y Turquía, el bloque deportará al país euroasiático a todos los migrantes irregulares, incluidos a los refugiados sirios, que han llegado a Grecia a partir del 20 de marzo.
El acuerdo Turquía-UE provocó muchas denuncias entre ciertos países y organizaciones pro derechos humanos, entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y AI.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) arremetió contra el pacto sobre los refugiados, y consideró “ilegales” las expulsiones colectivas de indocumentados que buscan un refugio seguro en Europa.
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