La Fiscalía había solicitado en una audiencia celebrada este jueves prisión incondicional para Carme Forcadell y otros tres antiguos miembros de la Mesa del Parlamento regional catalán, así como prisión bajo fianza para un cuarto diputado por la declaración ilegal de independencia del pasado 27 de octubre, para que no entorpezcan la investigación por rebelión, sedición y malversación.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera ha rebajado sin embargo la petición de la Fiscalía y ha dictado en el mismo día prisión eludible —con el pago de una fianza de 150.000 euros— para Forcadell y libertad con fianza de 25.000 euros para los otros cuatro miembros de la Mesa, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet.
El juez les da una semana de plazo para abonar la fianza y, una vez abonada, les impone la obligación de presentarse semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o ante un juzgado de conveniencia, prohibición de salir del país y entrega de pasaporte antes de las 14.00 horas del viernes.
En su intervención ante el juez, todos los acusados han acatado expresamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la intervención de la Generalitat (el gobierno regional catalán), y han optado por restarle importancia a la declaración unilateral asegurando que tuvo un mero valor simbólico, sin efectos jurídicos.
Además, en su último turno de palabra, Forcadell y los demás miembros de la Mesa han manifestado que renuncian a independencia por vías unilaterales, según fuentes jurídicas.
Varios ex altos cargos de la Generalitat se encuentran en la cárcel de manera preventiva, mientras que sobre el presidente catalán destituido Carles Puigdemont, actualmente en Bruselas (capital de Bélgica), pesa una orden de arresto.
Puigdemont sostiene que no fue cesado por la ley, sino por “un golpe ilegal del Estado español” y advierte de que llevará al Gobierno español ante instancias judiciales internacionales.
snr/mla/ask/rba
