Forcadell ha sido la primera en personarse ante el juez Pablo Llarena para declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación en el marco de su apoyo a la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Además de Forcadell, han sido convocados los cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán. Estos habían acudieron a declarar ante el Supremo el 2 de noviembre, pero el juez aplazó hasta hoy las citaciones para que pudieran estudiar la causa, mientras todos ellos se han mantenido bajo vigilancia policial.
En el caso de Forcadell, la querella afirma que posibilitó la aprobación de las leyes “haciendo tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes” y en una “arbitraria interpretación del Reglamento” del Parlament.
El Tribunal Supremo examina la posibilidad de imponerles medidas cautelares, como puede ser el ingreso en prisión provisional, en caso de que lo pida la Fiscalía, que ya lo hizo para los exmiembros del Govern que el pasado 2 de noviembre declararon por los mismos hechos ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
En este contexto, los seis están siendo investigados a raíz de una querella de la Fiscalía que les acusa de haber admitido a trámite las leyes del referéndum independentistas del pasado 1 de octubre, de transitoriedad jurídica (en el pleno del 6-7 de septiembre) y la resolución de independencia que se aprobó el pasado viernes 24 de octubre.
La Fiscalía les acusa también de persistir “en su conducta de radical oposición a la Constitución” y de desoír las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara para admitir a trámite las leyes “siendo plenamente conscientes de su palmaria y evidente inconstitucionalidad”.
En la actualidad, varios altos cargos de la Generalitat se encuentran en la cárcel por decisión de la juez Lamela, mientras que sobre el destituido presidente catalán, Carles Puigdemont,—quien está en libertad condicional en Bélgica— pesa una orden de arresto.
Puigdemont denuncia que no fue cesado por la ley sino por “un golpe ilegal del Estado español” y ha advertido de que llevará al Gobierno español ante las instancias judiciales internacionales.
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