El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, ha anunciado este lunes la presentación de una querella contra el ya expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, el resto de los recién cesados consellers y miembros de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición, malversación y delitos conexos ante la Audiencia Nacional.
Considera que tanto los exmiembros del Govern como de la Mesa del Parlament –que llevaron la propuesta a votación– han consumado el delito con la declaración de independencia de Cataluña del pasado viernes, y por tanto deben ser perseguidos judicialmente.
Maza, quien ha abierto la puerta a pedir prisión provisional, ha argumentado que al haber perdido el fuero tras su cese y disolución del Parlament, no pueden ser investigados por el Tribunal Supremo ni por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los que sí mantienen el fuero y por tanto han sido querellados ante el Tribunal Supremo es la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de miembros de la Mesa que permanecen en la Diputación Permanente.
Ahora se espera que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decida asumir o no la querella como parte de la misma causa que los líderes independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (ambos en prisión preventiva) y el mayor de los Mossos d’Esquadra (Policía catalana), Josep Lluís Trapero, por un delito de sedición.
Aunque Maza no ha solicitado ninguna medida cautelar, como la detención de los querellados, sí va a esperar a que se les cite a declarar en calidad de investigados. En caso de no acudir, se ordenará su detención con carácter de urgencia.
La declaración de independencia y la creación de la república catalana (tampoco reconocida por la comunidad internacional) provocó la activación del artículo 155 de la Constitución española por parte del Gobierno central, que implicó el cese de todo el Govern, entre otras medidas.
snr/ctl/msm/mkh
