• Varios exconsejeros del gobierno catalán llegan a la Audiencia Nacional en Madrid (la capital española) para prestar declaración, 2 noviembre de 2017.
Publicada: jueves, 2 de noviembre de 2017 11:49
Actualizada: viernes, 3 de noviembre de 2017 11:42

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha solicitado prisión incondicional preventiva para 8 miembros del cesado gobierno independentista catalán.

Nueve de los catorce convocados han sido traslados este jueves a Madrid (capital española) para declarar, en una convocatoria a la que no han respondido el depuesto presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, ni otros cuatro exconsellers que permanecen en Bélgica.

La Fiscalía ha pedido prisión sin fianza para todos, excepto para el que era responsable de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, para el que solicita prisión bajo fianza de 50.000 euros. Vila es además el único que ha respondido a la Fiscalía, mientras el resto se ha limitado a responder a las preguntas de su propio abogado.

Oriol Junqueras, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull y Joaquim Forn, Carles Mundó, Josep Rull y Santi Vila son los exconsejeros que han acudido a la Asamblea Nacional (AN), a diferencia de Luis Puig, Clara Ponsatí, Toni Comín y Meritxell Serret.

Como Puigdemont tampoco ha acudido a declarar, el organismo lo pondrá en busca y captura, según informan medios locales.

 

El Ministerio Público español ha pedido la medida de encarcelamiento de los exmiembros del Govern por participar en la declaración de independencia de Cataluña del pasado viernes.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció el lunes una querella contra Puigdemont y todos los exmiembros del Govern por los delitos de rebelión, sedición y malversación. 

Durante las declaraciones en la AN, los abogados de los exconsellers les han preguntado si hubo violencia en su actuación o les consta que haya existido durante del denominado procès independentista, con el fin de demostrar que sus clientes no cometieron delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.

El 27 de octubre, Carles Puigdemont junto con su gobierno regional fue destituido como resultado de la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución española presentadas por el Ejecutivo español, en respuesta a la “ilegal” declaración de independencia de Cataluña por el Parlament. 

El mismo día, el Gobierno central disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre.

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