Este lunes, los cuatro investigados por sedición, entre ellos el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han acudido a la Audiencia Nacional para declarar por un posible delito de sedición por los incidentes ocurridos en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre y durante el referéndum independentista del 1 de octubre.
La Fiscalía de la Audiencia había pedido prisión eludible bajo fianza de 40.000 euros para la intendente de la Policía catalana, Teresa Lapalana, sin embargo, la jueza Carmen Lamela ha rechazado imponer “esta medida cautelar” dejándola en libertad.
La jueza de la Audiencia Nacional ha acordado la retirada de pasaporte, comparecencias quincenales y la prohibición de abandonar el país contra Lapalana, quien ha sido la primera en declarar por el caso.
El Ministerio Público español había pedido prisión bajo fianza, tras los dos atestados de la Guardia Civil incluidos en la causa. En dichos informes, se recogen abundantes “pruebas incriminatorias” contra la intendente.
Al igual que Trapero, Lapalana está acusada de “la inacción” de los agentes de la Policía catalana durante las algaradas callejeras del 20 y el 21 de septiembre mientras se efectuaba la ‘Operación Anubis’ contra los altos cargos de la Generalitat, organizadores del referido referéndum.
A continuación, ha comenzado a declarar el mayor de los Mossos, Trapero para quien los fiscales del caso también querían solicitar prisión provisional.
Sin embargo, al igual de Lapalana y en contra del criterio de la Fiscalía, la jueza ha acordado la libertad para Trapero, sin imponer fianza alguna, porque la propia denuncia del Ministerio Público circunscribía los hechos cuando la comisión judicial fue asediada durante los registros en Barcelona.
Trapero deberá entregar su pasaporte, no podrá salir de España y tendrá que comparecer en el Juzgado cada 15 días.
La jornada electoral se saldó con casi 900 heridos debido a la violencia policial del Gobierno central. La preocupación por la violencia policial ha sido expresada en distintas partes del mundo, e incluso ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha exhortado a las autoridades españolas a investigar “todos los actos de violencia” durante la polémica consulta.
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