El pistoletazo de salida se dará este jueves alrededor de las 20H00 locales (18H00 GMT) en un acto en la antigua plaza de toros de Tarragona –lugar que se podría llenar con unas 10.000 personas– en el que participarán el presidente regional Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y representantes de los principales partidos y asociaciones independentistas.
El Gobierno de España considera ‘ilegal’ el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre –deseado por una mayoría de catalanes, según sondeos– y advierte a los que participen en los preparativos de la consulta que estarían cometiendo ‘un delito’.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido sobre este tema aunque no ha detallado si hay alguna actuación en marcha para prohibir el acto. “No se puede colaborar y no se puede participar en ese referéndum”, ha declarado desde el canal de televisión Telecinco, destacando que eso incluye “cualquier acto preparatorio”.
Los responsables del Tarraco Arena Plaza, consultados por la agencia de noticias francesa AFP, aseguran por su parte no haber recibido por el momento ninguna notificación al respecto. En Madrid (la capital), fue prohibido otro acto prorreferéndum por un juez al considerar que no se podía celebrar en un local público una reunión de promoción de un referéndum ‘ilegal’.
No se puede colaborar y no se puede participar en ese referéndum”, declara la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
Quedan dos semanas para que los independentistas movilicen a sus simpatizantes y también a los que se niegan a participar en este escrutinio. De ganar en los resultados, prometen declarar una república independiente en esta región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.
El Gobierno de Puigdemont no estableció un mínimo de participación para considerar válido el resultado, pero conseguir una alta movilización es clave para su credibilidad.
Los partidos contrarios a la secesión no participarán en la campaña de la consulta. El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la ley aprobada por el Parlamento catalán para convocar el referéndum, así como la ley de transitoriedad jurídica hacia una ‘república catalana’ que el gobierno regional, la Generalitat, haría efectiva si gana el ‘sí’ en las urnas.
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