Así ha dispuesto este viernes la comisión delegada de asuntos económicos, encabezada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al aprobar una regla de condicionalidad de gasto, la cual urge a las autoridades catalanas a remitir certificados individuales semanales, documentando así que no usarán "ni un solo euro público" para los gastos relacionados con el referéndum independentista del próximo 1 octubre.
De esta manera, la Generalitat no podrá usar fondos públicos provenientes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para financiar iniciativas que tengan que ver "directa o indirectamente" con la consulta, so pena de perder los 3600 millones de euros que le corresponden a Cataluña este año con cargo a esa partida, ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Asimismo, el titular español ha recordado que el Tribunal Constitucional anuló las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum y, "pese a ello", los responsables de las instituciones catalanas han anunciado su voluntad de seguir adelante con él.
El referéndum no puede ser pagado con dinero público. Estén tranquilos todos los catalanes que no habrá un euro distraído para nada que sea ilegal", ha dicho el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
De ahí que, ha explicado Méndez, el Gobierno adoptó este acuerdo dada la situación de "riesgo" que esto genera y de "incertidumbre" para los ciudadanos y las empresas sobre la fuente de la financiación de dicha consulta soberanista. "El referéndum no puede ser pagado con dinero público. Estén tranquilos todos los catalanes que no habrá un euro distraído para nada que sea ilegal", ha garantizado Méndez de Vigo.
Es de mencionar que el Tribunal de Cuentas exigió al expresidente catalán Artur Mas pagar los gastos de la consulta del 9 noviembre de 2014, medida que fue calificada como "injusta" por los líderes independentistas catalanes.
Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció a principios del pasado mes de junio la celebración de un referéndum sobre la independencia de esta región. Desde entonces, el Gobierno central, en manos del conservador Partido Popular (PP), rechaza con rotundidad esa consulta.
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