El conflicto institucional Cataluña-España sube de tono cada día ante posiciones diametralmente opuestas entre la Generalitat y el Gobierno español. La confrontación, presente en ámbitos como el jurídico, social o económico, no atina a vislumbrar qué puede suceder el 1 de octubre, sin desechar ninguna posibilidad.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución con la consecuente suspensión de competencias o de la autonomía catalana, planea en el ambiente, pero el Gobierno español muestra cautela sobre éste, sin dejar de advertir de su respuesta contundente.
Las preguntas son muchas, aunque todo dependerá de cómo juegue cada bando sus cartas. El independentismo apela a la mediación internacional y por ahora es prudente en la firma de documentos que les comprometan. Sin embargo, se viene preparando con cambios en su Gobierno y en la policía para hacer efectivo el referéndum.
En los próximos días, el independentismo continuará agotando su hoja de ruta con la aprobación de la reforma del reglamento del Parlamento, que servirá para tramitar de manera exprés la ley de desconexión de España tras el referéndum.
A sólo 70 días, la Generalitat también deberá comprar urnas y ofrecer garantías, ante un Estado listo para frenar cualquier medida de una consulta que quiere cambiar el futuro político de Cataluña.
Oriol Puig, Barcelona.
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