El enviado especial de EE.UU. para Siria, Joel Rayburn, insistió el jueves en la necesidad de continuar las presiones económicas contra el Gobierno sirio, a través de la llamada “Ley César”, entre otras medidas coercitivas.
Durante una reunión mantenida con los representantes de la opositora Coalición Nacional Siria (CNS) en la ciudad turca de Estambul, Rayburn consideró al Gobierno de Damasco responsable de la crisis económica que sufre el país árabe.
Por su parte, Nasr al-Hariri, jefe de la CNS, pidió a EE.UU. que presione aún más a los aliados del Gobierno de Al-Asad para “obligar a Damasco a participar verdaderamente en el trabajo del Comité Constitucional” sirio.
De hecho, Damasco acusa al propio EE.UU. de “interferir” en el trabajo del Comité Constitucional sirio con el objetivo de imponer sus propias prioridades políticas al país. Ante tal coyuntura, enfatiza que ese diálogo es entre los sirios y nadie tiene ningún derecho a interferir en él ni apoyar a ninguna de las partes.
La “Ley César”, aprobada en diciembre de 2019 por el Congreso y el presidente de EE.UU., Donald Trump, es la nueva versión de las medidas coercitivas de Washington contra Damasco, y se considera la más severa contra un pueblo que sufre, desde hace más de nueve años, una guerra catastrófica a todos los niveles.
Damasco ha denunciado una y otra vez las sanciones estadounidenses que buscan difundir la hambruna en el país y someter al Gobierno sirio, pero ha asegurado que estas medidas hostiles jamás lograrán romper la resistencia y la voluntad del pueblo y el Ejército sirios para salvaguardar la soberanía de su país.
Entretanto, a nivel popular, los ciudadanos sirios subrayan que esta ley es un nuevo indicador del fracaso de la guerra militar y política contra Siria, asegurando defender su patria frente a las sanciones y el brutal asedio, impuestos por países occidentales, con EE.UU. a la cabeza.
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