“No estaríamos contentos si eso se ha producido. No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido no estaré contento. No estaré contento”, ha comentado Donald Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
Esta misma jornada, el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, han consensuado trabajar de manera conjunta en las próximas semanas para combatir el nuevo coronavirus, conocido como COVID-19.
Al ser consultado si el aludido acuerdo entre Pekín y Caracas se extiende a otros aspectos económicos, el inquilino de la Casa Blanca ha expresado su malestar. “Estoy preocupado por todo. Me preocupa todo, por eso no duermo mucho. Yo me preocupo por todo, pero no estaría feliz con eso”, ha dicho.
Horas antes, la Cancillería venezolana comunicó que Xi había expresado a Maduro en una conversación telefónica que su país “sigue de cerca” la evolución de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela y “seguirá apoyando al país bolivariano en la defensa de su soberanía”.
En contraste con Estados Unidos, que continúa sus sanciones unilaterales contra países independientes como Venezuela en medio del coronavirus y una ola de críticas, China está contribuyendo con otros Estados para limitar el contagio.
Aunque las consecuencias negativas de las medidas coercitivas de Washington en Venezuela no resultan ninguna novedad, la cuestión ha hecho que los defensores de los derechos humanos hagan sonar todas las alarmas ante la crisis desatada por el letal virus.
Venezuela denuncia que las sanciones unilaterales de EE.UU. le impide adquirir medicamentos e insumos para hacer frente a la COVID-19.
Reprochando a Washington por ejercer “terrorismo económico”, el Gobierno venezolano denunció en febrero ante la Corte Penal Internacional (CPI) al país norteamericano por las medidas coercitivas y crímenes de lesa humanidad que perpetra contra la nación venezolana.
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