La solicitud, presentada el pasado 19 de enero ante la corte suprema israelí, argumentaba que al Gobierno birmano no se le debe autorizar comprar armas israelíes mientras se enfrente a las minorías étnicas localizadas en los estados de Shan (este) y Kachin (norte), y viole los derechos humanos en el estado de Rajine (noreste).
Este último estado birmano acoge a los musulmanes de la etnia rohingya, una de las comunidades que más ha sufrido a lo largo de la historia del país asiático, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esta respuesta contradice la verdad de que la legislación israelí haya regulado un procedimiento burocrático (…) O sea, el ministerio de defensa (israelí) está autorizado a hacer todo lo que desee sin una revisión judicial”, indicó el abogado israelí Eitay Mack.
Aproximadamente dos meses después, concretamente el 15 de marzo, el régimen de Tel Aviv escribió una carta a la instancia israelí en respuesta a la referida petición. En su nota apuntó que es una cuestión política, más allá de toda autoridad judicial, tal y como afirmó el abogado Eitay Mack.
“Esta respuesta contradice la verdad de que la legislación israelí haya regulado un procedimiento burocrático (…) O sea, el ministerio de defensa (israelí) está autorizado a hacer todo lo que desee sin una revisión judicial”, indicó el lunes Mack al portal The Irrawaddy desde Al-Quds (Jerusalén).
Myanmar, un país predominantemente budista, de 60 millones de habitantes, vive una violencia sectaria. La minoría musulmana rohingya, con una población de 800.000 personas, carece de ciudadanía y es, desde hace dos años, objeto de ataques y persecuciones que han forzado a muchos de ellos a abandonar su patria.
Hace días, varios premios Nobel de la Paz solicitaron a la ONU que evalué la persecución de la que es blanco la referida minoría al calificarla de una tragedia humanitaria con tintes de limpieza étnica y señalar que debería tratarse como un crimen contra la humanidad.
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