"La situación del norte de Rajine es ahora estable. Las operaciones de seguridad realizadas por los militares han cesado, el toque de queda ha sido levantado y allí solo permanece la presencia policial para mantener la paz", afirmó el nuevo asesor de Seguridad Nacional de Myanmar (Birmania), Thaung Tun, en un comunicado emitido por la oficina del consejero estatal a última hora del miércoles.
La operación militar recibió la enérgica condena de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diferentes organizaciones de derechos humanos y ONG que la calificaron de una flagrante violación de los derechos humanos, crimen contra la humanidad y posible limpieza étnica de la minoría rohingya.
La situación del norte de Rajine es ahora estable. Las operaciones de seguridad realizadas por los militares han cesado, el toque de queda ha sido levantado y allí solo permanece la presencia policial para mantener la paz", afirmó el nuevo asesor de Seguridad Nacional de Myanmar, Thaung Tun.
La operación comenzó cuando nueve policías murieron el 9 de octubre en ataques contra puestos de seguridad cerca de la frontera de Bangladés. Desde entonces, casi 70.000 rohingyas han huido rumbo a Bangladés, según estimaciones de la ONU.
"No puede haber excusa para el uso excesivo de la fuerza, los abusos de los derechos humanos fundamentales y la criminalidad básica. Hemos demostrado que estamos dispuestos a actuar donde hay evidencia clara de abusos", dijo Thaung a un grupo de diplomáticos y representantes de la ONU durante una reunión, según la nota.
Dos altos funcionarios, uno de la oficina del presidente de Myanmar y el otro del Ministerio de Información, confirmaron el fin de la operación del Ejército en el norte de Rajine, pero aseguraron que la fuerza militar permanecía en la región para mantener "la paz y la seguridad".
Hasta el momento las autoridades castrenses birmanas no se han pronunciado respecto a estos informes.
En los últimos meses la minoría musulmana rohingya, que reside principalmente en el estado de Rajine, ha sufrido ejecuciones sumarias, violaciones y la quema de sus casas, en el marco del operativo de seguridad del Ejército. El Ejecutivo birmano también mantiene prohibido el acceso a la zona de ayuda humanitaria, de la que dependen miles de personas, así como de observadores y prensa independiente.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein, acusó sin paliativos al Ejército birmano de cometer "espantosas atrocidades" contra la población rohingya, desde violaciones en masa hasta la ejecución de bebés, advirtiendo de que la campaña militar podría tratarse sencillamente de un "crimen contra la humanidad".
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "quedó horrorizado" por el abuso sexual del que fueron objeto miembros de esta comunidad por parte de las fuerzas de seguridad, conforme a lo relatado por el portavoz del organismo, Stephane Dujarric.
Tanto la ONU como otros organismos humanitarios han acusado al Gobierno birmano de desatender los llamados y advertencias para atajar la crisis.
mep/ncl/ftn/mrk
