En un comunicado publicado el sábado en su página oficial, las Abuelas de la Plaza de Mayo consideraron como un “grave retroceso” la exclusión de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad del nuevo organigrama de la cartera.
Haciendo una referencia a un Boletín Oficial publicado el viernes sobre la nueva estructura orgánica de dicho Ministerio, las Abuelas de la Plaza de Mayo lamentaron en su nota que esa dirección desempeñaba un papel transcendental a la hora de atender los asuntos relacionados con los crímenes de lesa humanidad.
Las activistas además subrayaron el desmantelamiento del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ) que colaboraba con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, para permitir la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Recordaron también que el GEAJ fue creado a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo después de la condena al oficial de policía, Adolfo Porcel, por haber fraguado muestras de un allanamiento en complicidad con el exgendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, en la restitución de un nieto recuperado. Así que el caso de los nietos de desaparecidos “no podía estar en manos de fuerzas de seguridad”, añaden en el comunicado.
DENUNCIAMOS EL VACIAMIENTO DE ÁREAS VINCULADAS A LA RESTITUCIÓN DE NIETOS EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD https://t.co/TuzBIFUDbu
— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) May 6, 2016
Las Abuelas de la Plaza de Mayo pidieron al presidente Mauricio Macri que revoque las medidas que adoptó su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
De igual manera, advirtieron de interponer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si Buenos Aires "no dé marcha atrás" con esas decisiones, pues, recuerdan, el GEAJ fue materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante esa Comisión.
El pasado 18 de marzo, los Organismos de DDHH se movilizaron para protestar contra el cierre de una oficina estatal que investigaba delitos económicos y crímenes de la última dictadura.
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