Pulso: Energía como derecho humano

¿Para quién son las ganancias en el modelo energético basado en la privatización y la extranjerización?

¿Las empresas públicas, nacionales o estatales, pueden garantizar los derechos a la población? La inequidad energética es una de las tantas caras de la injusticia social. La energía no debe ser una mercancía sino un bien social y un derecho humano.

Lograr este acceso básico implica una batalla de carácter político, social, sindical y cultural. Según el reporte World Energy Investment 2016 de la Agencia Internacional de Energía (IEA por su sigla en inglés), el mundo invierte alrededor de 1,8 billones de dólares cada año en nueva producción de energía.

Sin embargo, más de mil millones de personas aún no cuentan con electricidad en sus hogares y casi tres mil millones (el 40 % de la población mundial) depende de la leña y el estiércol para cocinar. Según la IEA 2,8 millones de personas pobres mueren prematuramente cada año solo por efecto de la contaminación doméstica que produce este tipo de cocción.

A pesar de que el volumen de inversión en el futuro se mantendrá, esta situación permanecerá inmutable para el año 2030 según su informe de prospectiva World Energy Outlook 2017.

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