En un tenso cruce de palabras en el primer día de una semana de conferencias de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que se desarrolla en La Haya (Países Bajos), el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, ha rechazado este lunes los comentarios del representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad del Gobierno venezolano y resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en este país.
Rosales ha criticado a Argentina por “politizar” de “forma altisonante” el evento para materializar sus objetivos, mientras que ha tachado de “vergonzosa” la conducta argentina en los organismos internacionales.
Al respecto, ha destacado la negativa de Buenos Aires a varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos, entre ellas, la decidida el pasado 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles.
El funcionario ha dicho que tal conducta revela la falta de compromiso del Gobierno argentino con los asuntos regionales y demuestra que es “un falso defensor de derechos humanos”.
El choque verbal entre los dos países ante la CPI se produce en una situación en que el organismo se reúne para examinar el avance de su investigación sobre Venezuela y otros países, así como la posibilidad de emitir órdenes de arresto contra los “principales responsables” de crímenes de lesa humanidad.
Argentina critica la falta de avances de las pesquisas que la CPI abrió formalmente en 2021 sobre la situación de DD.HH. en Venezuela. Esto mientras que Caracas censura a la Corte por ignorar las ejecuciones extrajudiciales de Estados Unidos en el Caribe.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó el domingo que la CPI no sirve para nada y lo que hace es inmiscuirse en los asuntos de los países independientes que no se someten a la arrogancia mundial, por lo que recomendó al Gobierno salirse de la Convención de Ginebra.
“No hemos visto pronunciamiento de la CPI que debería salvaguardar lo contenido en la Convención de Ginebra y lo contenido en el Protocolo número uno de 1977. Es la CPI que debería declarar los homicidios extrajudiciales”, subrayó.
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