La Cancillería colombiana exigió el martes en Twitter la inmediata liberación de su conciudadano, el médico Antonio José Amell Cantillo, quien vendía de manera ilegal medicamentos para el tratamiento del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
La respuesta de Venezuela llegó por parte del canciller Jorge Arreaza, quien consideró al referido galeno como un “violador de derechos humanos” por aprovecharse de la pandemia para sacar beneficios económicos, abusando del dolor y el desconocimiento de los contagiados.
“¡Cuánta torpeza! Era preferible que borraran este tuit para no quedar tan en ridículo. Ese individuo fue detenido por vender ilegalmente medicamentos para el COVID-19 que el Gobierno Bolivariano distribuye gratuitamente”, escribió ayer domingo el titular venezolano en la misma red social.
La Justicia venezolana dictó la semana pasada una medida privativa de la libertad contra Amell por la presunta comisión de los delitos de contrabando de extracción, concusión, terrorismo y asociación para delinquir.
Amell era médico residente en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), ubicada en Valencia.
El procedimiento se ejecutó, tras recibir denuncias de los familiares de los pacientes. Según las indagaciones preliminares, este médico comercializó en dólares las ampollas Remdesivir, las cuales son utilizadas para combatir la COVID-19.
En los últimos años, las relaciones entre Venezuela y Colombia se han deteriorado. El presidente colombiano, Iván Duque, se ha alineado totalmente con Washington en sus planes ilegales y golpistas contra el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas han acusado varias veces a Colombia de urdir complots para que el nuevo coronavirus se propague con más rapidez por Venezuela.
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