Pocos días después del tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley que expulsaba del sistema sanitario a más de 800.000 inmigrantes, la Marea Blanca ha pedido al Gobierno la derogación de la misma.
La norma establecía que los inmigrantes irregulares quedaban excluidos del sistema sanitario, y deberían abonar por la atención, excepto las consultas de urgencias, las mujeres embarazadas, y los menores de edad. Pero en muchas ocasiones ni siquiera esto se cumplía.
En los últimos años, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha externalizado varios servicios relacionados con la sanidad. Entre ellos, el servicio de donación de sangre externo. Sin embargo, Cruz Roja española, la adjudicataria del contrato, no está siendo capaz de cubrir con lo estipulado.
Con estas son ya 36 las Mareas Blancas que han recorrido las calles de Madrid. Una protesta que se ha repetido por toda la geografía española. Sus integrantes tienen la esperanza de que el Gobierno que surja las elecciones del próximo diciembre revierta la actual situación de la sanidad española.
Eduardo López-Jamar, Madrid.
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