Tras la decisión del gobierno británico de incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGR) de Irán en la Ley de Amenazas Estatales, el embajador británico en Teherán, Hugo Shorter, ha sido convocado este miércoles por Alireza Yusefi, subministro de Asuntos Exteriores y director general del Departamento de Europa Occidental de la Cancillería iraní, quien transmitió la fuerte protesta de la República Islámica contra la medida.
Durante la reunión, Yusefi ha criticado duramente los comentarios hechos por el ministro del Interior británico en el parlamento contra la República Islámica, diciendo que las acusaciones dirigidas al CGRI eran infundadas.
“Plantear acusaciones infundadas contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica es un acto irresponsable que es incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido y con los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados”, ha denunciado.
El funcionario iraní también ha afirmado que el gobierno británico lanza estas acusaciones infundadas contra Irán a pesar del papel de larga data del Reino Unido como “refugio para cabecillas y miembros de grupos y redes terroristas antiraníes”.
Una respuesta firme y recíproca espera al Reino Unido
Refiriéndose al papel del CGRI en la salvaguardia de la integridad territorial y la seguridad nacional de Irán, así como a sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, Yusefi ha advertido que cualquier legislación hostil dirigida a la República Islámica o intentos de estigmatizar sus instituciones estatales “recibirían una respuesta firme y recíproca por parte de Irán”.
La protesta de Irán se produce dos días después de que la ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, anunciara que el CGRI sería designado como una “amenaza para la seguridad nacional” en virtud de las nuevas facultades previstas en la Ley de Seguridad Nacional (Amenazas de Estado), lo que convierte el apoyo a esta fuerza de élite en un “delito castigado con hasta 14 años de prisión”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó enérgicamente el martes la decisión del Gobierno británico, calificándola de una medida “injustificada e irresponsable” que, a su juicio, viola el derecho internacional.
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