• El portavoz de la Cancillería iraní, Seyed Abás Musavi, ofrece una rueda de prensa en Teherán.
Publicada: viernes, 13 de septiembre de 2019 16:53
Actualizada: sábado, 14 de septiembre de 2019 2:14

Irán condena enérgicamente la venta de sus propiedades confiscadas por Canadá y la distribución del dinero obtenido entre las “víctimas del terrorismo”.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Seyed Abás Musavi, ha rechazado este viernes la sentencia dictada en agosto por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario que ordena compensar a las familias estadounidenses víctimas de atentados terroristas —de los que EE.UU. y Canadá acusan, sin prueba alguna, a Irán— con los casi 30 millones de dólares obtenidos de la venta de propiedades iraníes, entre ellas dos edificios en el territorio canadiense.

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Este fallo es ilegal y va en contra del Derecho Internacional, ha advertido el vocero de la Diplomacia persa, urgiendo al Gobierno de Ottawa (capital canadiense) a restituir lo antes posible las propiedades iraníes.

La República Islámica de Irán tiene tolerancia cero con la protección de los derechos de su nación, ha apostillado Musavi, instando a la corte canadiense a suspender el veredicto y compensar a Teherán por los daños causados.

De lo contrario, ha alertado, el Gobierno de Canadá sería responsable de posibles consecuencias de esta medida ilegal.

 

El portal Global News se enteró el jueves de que las supuestas víctimas obtuvieron una parte del dinero ganado a través de la venta de los edificios de Irán en Ottawa y Toronto.

Los destinatarios, según el informe, fueron familias de los que perdieron la vida en los atentados llevados a cabo entre 1983 y 2002 —según alega EE.UU.— por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá). Washington culpa a Irán de estos ataques, una acusación que Teherán rechaza categóricamente.

Con estas sentencias, Canadá sigue los pasos de Washington en contra de Irán. En 2016, la Corte Suprema de EE.UU. decretó la entrega de 2000 millones de dólares de activos iraníes congelados en el país norteamericano a los familiares de los 241 militares muertos en 1983 en un atentado en Beirut, capital libanesa, del que Washington acusa, sin prueba, a Teherán y a los combatientes de Hezbolá.

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