La Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas da 60 días al Gobierno interino de Perú para que entregue información correspondiente a la actuación de las fuerzas antidisturbios en la represión de las protestas ante la gran cantidad de denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de los uniformados.
La solicitud tomó curso por iniciativa de seis relatores del ente, mediante una comunicación reservada al representante del país ante la ONU en Ginebra, Luis Chuquihuara,
En la nota emitida el miércoles se expresa preocupación por el elevado número de muertes ilícitas, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, violaciones al debido proceso, violencia contra los medios de comunicación, entre otros.
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En el documento también se urge a las autoridades y los agentes policiales a observar los parámetros básicos al sofocar las protestas. “El uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, indica la nota.
Además, destacan el deber del Estado peruano de “llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales en la vigilancia de las protestas”.
Las movilizaciones en el país andino se han venido realizando desde el pasado diciembre, cuando fue destituido y luego encarcelado el presidente Pedro Castillo por el interinato de Dina Boluarte, bajo el paraguas del Congreso.
La masiva represión policial ha dejado un saldo de más de 60 víctimas mortales, aunque las cifras fluctúan, pues no hay información exhaustiva, ni exacta al respecto.
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