Aunque la decisión de anular el contrato entre el estado panameño y la trasnacional First Quantum Minerals se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, en Panamá se mantiene el reclamo en las calles hasta eliminar la Ley 406.
La expectativa que mantienen los panameños por finalizar la vida jurídica del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. continúa tras 15 días de manifestaciones y luego de la aprobación de una moratoria minera indefinida, junto a la prohibición para nuevas concesiones, sancionada el 3 de noviembre por el presidente Laurentino Cortizo, el peso parece inclinarse hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de quien se espera un fallo de inconstitucionalidad que anule el contrato legalizado desde el pasado 20 de octubre.
Aunque la vía de la inconstitucionalidad ha sido presentada como la más favorable para el país frente a un escenario de demandas internacionales por parte de la empresa, también la Corte despierta suspicacias.
Sin embargo, en medio de tanta desconfianza y confusión, el reclamo popular se mantiene vivo.
La coyuntura ha movilizado a distintos sectores de la sociedad, que identifican en el “contrato minero” un conjunto de arbitrariedades y malos manejos propios de la estructura de gobierno.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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