Por HispanTV
Francia se encuentra inmersa en un movimiento de protesta estudiantil que se ha expandido rápidamente y que comenzó a raíz de un conflicto local por el deterioro de las condiciones en los centros educativos.
Las protestas, de gran magnitud, se han transformado desde entonces en un movimiento estudiantil de ámbito nacional centrado en la educación, la desigualdad y la dura respuesta del Gobierno a unas demandas que los estudiantes consideran legítimas.
El movimiento comenzó el 17 de septiembre en el instituto Antoine de Saint-Exupéry, situado en Créteil, un suburbio del sureste de París.
Los profesores del centro habían iniciado una huelga para denunciar la falta de personal y la insuficiencia de recursos, y los estudiantes no tardaron en sumarse a ellos mediante protestas pacíficas.
Lo que comenzó como una movilización local se convirtió rápidamente en un movimiento más amplio. Los estudiantes denunciaron que sus centros funcionaban con una plantilla insuficiente de profesores y personal de apoyo, aulas masificadas, edificios deteriorados e instalaciones inadecuadas.
En algunos centros, los estudiantes informaron de ventanas rotas, filtraciones de agua, baños averiados, temperaturas excesivamente elevadas y falta de personal sanitario.
El movimiento cobró impulso a través de las redes sociales, después de que vídeos de los bloqueos de centros educativos se difundieran rápidamente y alentaran a estudiantes de otras zonas a organizar acciones similares.
A finales de septiembre, los bloqueos se habían extendido más allá de la región de París.
El 28 de septiembre, la movilización comenzó a adquirir un marcado carácter nacional, con cientos de centros educativos presuntamente afectados.
A medida que las manifestaciones se multiplicaban y los enfrentamientos con la policía se hacían cada vez más frecuentes, lo que había comenzado como una disputa por las condiciones de los centros educativos se transformó en una crisis política de alcance nacional.
¿Qué reclaman los estudiantes?
En el centro del movimiento se encuentra la exigencia de una mayor financiación de la educación pública.
Las organizaciones estudiantiles reclaman un aumento del número de profesores y trabajadores de los centros, una reducción del tamaño de las clases, edificios escolares seguros y adecuadamente mantenidos, así como el fin de las carencias crónicas de recursos.
También han criticado las largas jornadas escolares y la presión a la que el sistema educativo francés somete a los jóvenes.
Otro de los principales motivos de controversia es Parcoursup, la plataforma nacional de acceso a la universidad. Los estudiantes sostienen que este sistema incrementa su nivel de estrés y puede reforzar las desigualdades sociales existentes.
La Union syndicale lycéenne, una de las organizaciones estudiantiles implicadas en la movilización, ha identificado cuatro grandes preocupaciones: la falta de profesores y personal, el deterioro de los edificios escolares, los horarios y las aulas masificados, y el estrés asociado a Parcoursup.
Para los estudiantes de los barrios más desfavorecidos y de los centros de formación profesional, las protestas también giran en torno a la igualdad.
Muchos sostienen que los estudiantes no tienen acceso a las mismas oportunidades educativas en función del lugar donde viven.
Algunos estudiantes entrevistados por Le Monde describieron centros sin baños funcionales, enfermerías ni profesores sustitutos. Otros afirmaron temer que unas condiciones educativas deficientes puedan limitar sus perspectivas de futuro.
Por tanto, las protestas han trascendido la simple reivindicación de un mayor número de profesores.
Se han convertido en una demanda más amplia de un sistema educativo que, según los estudiantes movilizados, garantice la igualdad de oportunidades con independencia del origen social o del lugar de residencia.
¿Cómo pasó una protesta escolar a convertirse en un movimiento nacional?
La expansión del movimiento fue extraordinariamente rápida. A finales de septiembre, se sucedían los bloqueos de centros educativos en distintas partes de Francia. Los estudiantes se organizaron principalmente a través de las redes sociales, mientras los sindicatos docentes, los padres y, posteriormente, los estudiantes universitarios se sumaron a la movilización.
El 6 de octubre, el movimiento alcanzó hasta ese momento su mayor dimensión, con protestas multitudinarias en todo el país en las que participaron cientos de miles de estudiantes, acompañados por profesores.
El Ministerio del Interior francés estimó que unas 266 000 personas participaron en las manifestaciones celebradas en todo el país, entre ellas aproximadamente 56 000 en París.
Los organizadores ofrecieron una cifra considerablemente superior y estimaron en unos 450.000 los participantes a nivel nacional.
Las manifestaciones reunieron a estudiantes de secundaria y universitarios, profesores, padres, sindicalistas y otros trabajadores. La movilización del 6 de octubre convirtió lo que había comenzado como un movimiento de estudiantes de secundaria en una protesta social mucho más amplia.
En varias ciudades, los manifestantes protestaron tanto contra el deterioro de la educación pública como contra la respuesta policial violenta a las movilizaciones.
A medida que el movimiento se extendía, la actuación policial se volvió cada vez más contundente. La policía antidisturbios francesa fue desplegada en torno a centros educativos y manifestaciones, especialmente en las zonas donde se estaban produciendo bloqueos.
En varios incidentes, la policía utilizó gases lacrimógenos, porras, granadas antidisturbios y balas de goma, y miles de estudiantes fueron detenidos.
¿Cuántas personas han sido detenidas y heridas?
Según las autoridades francesas, más de 5000 personas habían sido detenidas antes de las manifestaciones nacionales del 6 de octubre.
Organizaciones de derechos humanos señalaron que alrededor del 85 % de los detenidos eran menores de edad.
Para el 6 de octubre, los informes situaban en más de 6500 el número total de detenciones desde el comienzo del movimiento, con cerca de 500 detenciones registradas únicamente ese día. Según los informes, casi todos los detenidos eran menores.
El Ministerio de Justicia señaló que más de 1800 personas se enfrentaban a procesos judiciales, de las cuales casi 1500 eran menores de 18 años. El número y la gravedad de las lesiones también se han convertido en una importante fuente de preocupación para los activistas de derechos humanos.
El Gobierno francés afirmó que al menos 215 adolescentes y 85 trabajadores del sector educativo habían resultado heridos durante las protestas. Sin embargo, varias de las lesiones sufridas por los manifestantes revistieron especial gravedad.
El 5 de octubre, un adolescente de 15 años perdió una mano y parte del antebrazo en Lens tras una explosión provocada por una granada policial durante los enfrentamientos.
Otros adolescentes sufrieron presuntamente heridas graves, entre ellos uno que perdió un ojo y otro que sufrió graves lesiones faciales. Según la madre de este último, el joven sufrió fracturas en la mandíbula y daños en los dientes, hasta el punto de que apenas podía alimentarse con una pajita mientras permanecía hospitalizado.
Las autoridades francesas afirman haber abierto investigaciones sobre varios casos de presunta conducta indebida por parte de agentes de policía.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha defendido la respuesta policial en términos generales, pese a su dureza, lo que ha provocado una reacción airada de padres y activistas de derechos humanos en el país.
¿Cuál ha sido la reacción internacional?
Las críticas internacionales más destacadas han procedido de organizaciones de derechos humanos. Varias de ellas han expresado serias dudas sobre la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de la policía francesa, especialmente teniendo en cuenta que muchos de los manifestantes son menores de edad.
Las organizaciones han instado a las autoridades francesas a poner fin a la “respuesta policial desproporcionada” y han argumentado que los jóvenes que reivindican pacíficamente su derecho a la educación deberían ser protegidos, en lugar de ser sometidos a golpes, gases lacrimógenos o detenciones arbitrarias.
También han expresado preocupación por el uso de granadas de gas lacrimógeno, porras y balas de goma, citando informes sobre lesiones de gravedad.
La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia (CNCDH, por sus siglas en francés), emitió su propia advertencia el 6 de octubre. Condenó el uso desproporcionado de la fuerza policial durante las protestas estudiantiles y pidió diálogo y respeto de los derechos de los menores.
La CNCDH subrayó que la respuesta a las movilizaciones estudiantiles “requiere, ante todo, contención, escucha y un estricto respeto de las libertades fundamentales”.
La comisión también advirtió de la importancia de no equiparar todo el movimiento estudiantil con los actos violentos cometidos por un reducido número de participantes, argumentando que esos incidentes no deberían utilizarse para justificar una intensificación general de la represión estatal.
En relación con la detención de menores, la comisión recalcó que los derechos de los jóvenes “deben prevalecer”.
“El interés superior del niño debe prevalecer en todas las circunstancias”, afirmó. “Como la CNCDH ha reafirmado constantemente en su labor, las voces de los jóvenes deben ser escuchadas y tenidas en cuenta y, bajo ninguna circunstancia, deben ser criminalizadas”.
Organizaciones sindicales internacionales también han expresado su solidaridad con los manifestantes.
La oficina regional europea de la Federación Sindical Mundial emitió un comunicado el 3 de octubre en el que expresó su solidaridad con los estudiantes franceses y reclamó el fin de la “brutal represión”.
“Exigimos el fin de la brutal represión que están sufriendo, la liberación inmediata de los detenidos y una solución a los gravísimos problemas que hacen que las escuelas sean inseguras y estén deterioradas, además de carecer de los recursos necesarios para garantizar una enseñanza adecuada y de calidad”, afirmó la organización.
La organización también vinculó la “dramática crisis” con las políticas de austeridad y “belicismo” de la Unión Europea.
“La dramática crisis provocada por las políticas de austeridad y belicismo de la UE, que están generando aumentos exorbitantes del coste de vida, los combustibles, la energía y los productos básicos en todos los países europeos, constituye la verdadera causa de la ira que se extiende por Europa entre los jóvenes y la clase trabajadora”, afirmó.
Las protestas también han suscitado atención fuera de Francia. Se han registrado protestas estudiantiles en la vecina Bélgica, lo que refleja preocupaciones similares sobre la educación y las presiones a las que se enfrentan los jóvenes en otros países europeos.
¿Qué ha dicho Irán?
Irán ha condenado enérgicamente la actuación de las autoridades francesas ante las protestas estudiantiles. El 4 de octubre, el Ministerio de Exteriores iraní expresó su preocupación por los informes sobre violencia policial contra los estudiantes manifestantes y calificó de desproporcionado el uso de la fuerza.
La posición iraní se hizo más explícita el 6 de octubre. En una publicación en francés en X ese martes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, criticó duramente la respuesta de las fuerzas de seguridad francesas a las protestas estudiantiles y llamó la atención sobre lo que consideró un marcado doble rasero en el enfoque del Gobierno francés respecto de los derechos humanos y el derecho a la protesta.
Baqai afirmó que París, en enero de 2026, durante los disturbios mortales registrados en Irán y respaldados desde el extranjero, había subrayado la necesidad de respetar la “reunión pacífica sin temor al castigo” y había pedido “contención” por parte del Gobierno frente a los manifestantes en Irán.
Señaló que funcionarios franceses habían llegado incluso a calificar aquellos acontecimientos de “levantamiento pacífico”, pese a conocer los llamamientos a los disturbios y a la violencia realizados desde fuera de Irán, así como los informes sobre ataques armados contra centros de las fuerzas del orden dentro de la República Islámica.
“Ahora, en Francia, las protestas estudiantiles son calificadas de ‘violencia urbana’”, afirmó Baqai.
También hizo referencia a declaraciones del ministro del Interior francés, quien, según el vocero de la Cancillería iraní, se mostró mucho menos partidario de la contención y, en cambio, reclamó una intervención decidida de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza para restablecer el orden.
Baqai afirmó que la violencia contra la policía y los ataques contra bienes públicos no podían justificarse.
“Está claro que la violencia contra la policía, los incendios provocados y los daños a bienes públicos no pueden justificarse, y el Gobierno tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público”, declaró el diplomático iraní.
Sin embargo, sostuvo que la cuestión central no era si los Gobiernos tienen la responsabilidad de mantener el orden público, sino si aplican los mismos criterios al abordar las protestas dentro y fuera de sus fronteras.
“La contradicción reside en otra parte: ¿por qué las mismas acciones y los mismos criterios se interpretan de una manera cuando el manifestante está en Irán y de otra cuando está en Francia?”, preguntó.
“El problema no es la protesta; el problema es el doble rasero”, afirmó Baqai. “Si los derechos humanos y el derecho a la protesta son principios, no deberían cambiar en función de la ubicación geográfica del manifestante”.
Irán también convocó al embajador francés en Teherán, Pierre Cochard, por el trato violento dispensado a los estudiantes manifestantes y las violaciones generalizadas de los derechos humanos.
Hamid Ahmadi, jefe interino del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores iraní, declaró al embajador que Francia tiene obligaciones internacionales de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho de reunión pacífica.
¿Por qué trasciende esta cuestión el ámbito educativo?
Las protestas se han convertido en una prueba del enfoque de Francia ante la disidencia y la protesta pública. La magnitud de las detenciones resulta especialmente llamativa. Miles de personas han sido detenidas en menos de tres semanas, y una amplia mayoría son menores de edad.
Las imágenes de adolescentes huyendo de los gases lacrimógenos, de agentes antidisturbios fuertemente armados rodeando centros educativos y los informes sobre lesiones graves han desplazado el debate desde la financiación de la educación hacia las libertades civiles y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales.
Hasta el 6 de octubre, el movimiento no mostraba señales claras de desaparecer. Al mismo tiempo, ha conseguido el respaldo de profesores, padres, sindicatos y estudiantes universitarios.
Los estudiantes y sus simpatizantes han prometido continuar con las movilizaciones hasta lograr cambios concretos.
Para los manifestantes, el mensaje central es claro: la educación es un derecho público y los estudiantes no deberían verse obligados a aceptar como algo normal el deterioro de los centros educativos, la ausencia de profesores y la desigualdad de oportunidades.
Las organizaciones estudiantiles y docentes han reclamado un importante paquete de inversiones de emergencia, con demandas que, según los informes, ascienden a unos 10 000 millones de euros destinados a reformas educativas.
Sin embargo, el Gobierno afronta importantes restricciones financieras, entre ellas un elevado nivel de deuda pública y unos costes de financiación crecientes. Las protestas se producen además en un contexto de creciente preocupación por el coste de vida. La inflación alcanzó el 2,4 % interanual en agosto, mientras los precios de la energía aumentaron considerablemente.
Las protestas también han adquirido una dimensión política, ya que Francia se encuentra a pocos meses de las elecciones presidenciales.
