Por Xavier Villar
Ante la gravedad de la ofensiva militar y el sufrimiento de la población palestina, el presidente Pedro Sánchez denunció con claridad y sin ambages lo que calificó como un “genocidio” y un “exterminio” perpetrado en la Franja de Gaza. Esta posición constituye un cambio significativo dentro del contexto europeo, donde reina un marcado seguidismo hacia la política exterior estadounidense, y en el que Israel atraviesa una profunda crisis de legitimidad y apoyo en Occidente.
La estrategia española: un giro decidido en medio de la crisis palestina
A primera hora de la mañana del 8 de septiembre, desde la Moncloa, Pedro Sánchez lanzó una declaración institucional que no dejó lugar a dudas sobre la posición de España. El presidente comenzó su intervención reconociendo el sufrimiento histórico del pueblo judío, “incluida la más atroz, el Holocausto”, y afirmó que Israel tiene derecho legítimo a la seguridad ante agresiones. Sin embargo, trazó una línea roja clara: “Una cosa es proteger a tu país y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes”. Esta distinción fue la clave para justificar un paquete de medidas que, desde la firme condena, avanzarían hacia acciones legales, diplomáticas y económicas para presionar a Israel.
La batería de medidas presentadas incluye una serie de acciones que, lejos de centrarse en lo meramente simbólico, plantean un compromiso real y jurídico para frenar la ofensiva militar. Sánchez se apoyó en informes y datos internacionales que describen la escalada israelí como un genocidio, destacando que las cifras oficiales muestran ya más de 63.000 muertos, cerca de 160.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y dos millones de desplazados, la mitad de ellos niños.
El paquete de nueve medidas explicadas
Las medidas aprobadas por el Gobierno español y anunciadas por Pedro Sánchez establecen un escenario de presión legal y política con alcance real, así como un compromiso humanitario para mitigar el sufrimiento palestino. Las principales disposiciones son las siguientes:
- Embargo total de armas a Israel: Se aprobará un real decreto ley para consolidar jurídicamente el embargo de armas, prohibiendo cualquier exportación de armamento español que pueda ser utilizada en el conflicto armado en Gaza o los territorios ocupados.
- Prohibición del tránsito marítimo de combustible para las fuerzas armadas israelíes: Se vetará el paso por puertos españoles de buques que transporten combustibles destinados a la maquinaria militar israelí, restringiendo el apoyo logístico indirecto al ejército israelí.
- Vetos en espacio aéreo nacional para material militar israelí: Se impedirá la entrada al espacio aéreo español a aeronaves oficiales que transporten equipamiento de defensa dirigido a Israel, frenando así la circulación y aprovisionamiento de materiales relacionados con la ofensiva.
- Sanciones personales: Se prohibirá la entrada en territorio español a individuos identificados como directamente implicados en el genocidio, una medida de presión personal contra quienes toman decisiones o participan en violaciones graves del derecho internacional.
- Prohibición de importación desde asentamientos ilegales: España vetará la entrada de productos provenientes de los asentamientos ilegales israelíes, rompiendo un lazo económico que contribuye a la sostenibilidad de estas colonias, declaradas ilegales por la ONU.
- Limitación de servicios consulares a colonos: El Gobierno restringirá la prestación de servicios consulares a ciudadanos israelíes que residan en esos asentamientos, reduciendo el respaldo diplomático a quienes operan en territorios ocupados ilegalmente.
- Refuerzo del apoyo humanitario: España aumentará el personal y recursos destinados al paso fronterizo de Rafah, facilitando la entrada y distribución de ayuda a Gaza, en colaboración con organizaciones internacionales.
- Incremento de la contribución a UNRWA: Se ampliará también la partida presupuestaria destinada a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), reforzando el apoyo internacional a la población desplazada y la atención a refugiados.
- Ampliación de la cooperación para Gaza: Además, se incrementará la inversión en programas de cooperación para la reconstrucción y atención sanitaria en Gaza, intentando mitigar el impacto devastador del bloqueo y los bombardeos.
Estas medidas representan un enfoque integral que combina sanciones legales, restricciones económicas, limitaciones diplomáticas y un compromiso humanitario significativo, todo ello orientado a cambiar el curso del conflicto y evitar un mayor sufrimiento.
La reacción israelí y la respuesta diplomática española
La respuesta de Israel no se hizo esperar y fue contundente. El Gobierno de Tel Aviv acusó al Ejecutivo español de manipular la situación para distraer la opinión pública de sus escándalos de corrupción, calificando de “hostil” y “antisemita” la retórica institucional de España. En represalia, el Estado hebreo vetó la entrada al país a dos ministras españolas, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia.
Como respuesta, el ministro de Exteriores José Manuel Albares llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Salomón Pérez, en un gesto diplomático que refleja la gravedad del conflicto subyacente a este episodio. El ministro hebreo Gideon Saar anunció que Israel informaría a sus aliados sobre la “conducta hostil del Gobierno español” y advirtió sobre posibles sanciones adicionales contra miembros del Ejecutivo español.
Pero España, lejos de retroceder, defendió su postura con firmeza. Yolanda Díaz replicó en redes sociales que era un orgullo para ella que un Estado “que perpetra un genocidio” le negara la entrada, reafirmando la voluntad española de continuar apoyando a Palestina pese a las amenazas o represalias.
Un giro en la percepción occidental sobre Israel
Este retorno de España como líder de la condena directa a Israel debe ser analizado en el contexto de una profunda crisis de legitimidad del Estado hebreo en Occidente. Durante décadas, Israel gozó de un respaldo robusto en Estados Unidos y Europa, basado en realidades históricas y alianzas estratégicas sólidas. Sin embargo, la realidad sobre el terreno con la prolongación de la ocupación, los constantes ataques a civiles y el bloqueo absoluto de Gaza han erosionado esa base de apoyo hasta niveles inéditos.
Encuestas de opinión pública en una amplia gama de países occidentales señalan que la popularidad y respaldo hacia Israel alcanzan mínimos históricos. El malestar social, mediático y político frente a una política militar percibida como desproporcionada y violatoria del derecho internacional abre un espacio inédito para que gobiernos tomen posiciones más críticas y decididas.
Sin embargo, Europa en su conjunto tiende a mantener un alineamiento con Estados Unidos que se traduce en un seguimiento y respaldo tácito a Israel, dificultando el desarrollo de una política exterior europea independiente y crítica. En este escenario, la apuesta de España surge como un camino alternativo dentro del marco liberal dominante, que, aunque aún sostiene la solución de dos Estados como horizonte, denuncia con firmeza los abusos y la violencia.
El pulso entre el paradigma liberal de la solución de dos Estados y su crítica
España mantiene firmemente el compromiso oficial con la solución de dos Estados como marco político para resolver el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, esta postura no está exenta de una profunda crítica implícita, heredera de las reflexiones que inició Edward Said y otros analistas políticos, quienes han cuestionado la viabilidad y justicia de la fórmula, especialmente tras los muchos años de estancamiento y la realidad consumada en el terreno.
Los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, aspiraban a establecer las bases para la coexistencia pacífica entre Israel y un Estado palestino independiente y soberano. Pero la historia posterior demostró que el acuerdo no frenó la expansión de asentamientos ni la fragmentación del territorio palestino, y permitió la consolidación de una ocupación que limita severamente las libertades y derechos de los palestinos.
Edward Said calificó a Oslo como un proceso que, paradójicamente, perpetúa la violencia y subordinación palestina bajo una apariencia negociada, consolidando desigualdades y fragmentación. Su crítica explica que la solución de dos Estados, tal como se ha desarrollado, no es suficiente para asegurar justicia, por lo que debe revisarse y complementarse con un compromiso real para garantizar soberanía y derechos.
España, al mantenerse dentro del paradigma liberal del dos Estados, incorpora a su política una visión renovada que no elude estas contradicciones, sino que llama a la comunidad internacional a una reflexión profunda para evitar que la perpetuación del statu quo siga produciendo injusticias atroces.
El valor simbólico y político del liderazgo español
Si bien España reconoce que su influencia práctica sobre el conflicto es limitada—como declaró Pedro Sánchez, “no tenemos bombas nucleares para detener la ofensiva israelí”—, la determinación política española representa un símbolo global. Significa un ejemplo de ética diplomática y apuesta por los derechos humanos, que se presenta como alternativa a la “indiferencia o complicidad” de las grandes potencias.
Este liderazgo abre la puerta a que otros países occidentales reconsideren su alineamiento histórico y presionen para la resolución definitiva del conflicto. Además, fortalece la solidaridad internacional con el pueblo palestino y pone en cuestión sin vacilaciones las políticas de ocupación y violencia promovidas por Israel.
La dimensión humanitaria y la respuesta española
Además del establecimiento de rechazos jurídicos y diplomáticos a Israel, el Gobierno español ha incrementado significativamente el apoyo humanitario a Gaza mediante la ampliación de fondos a la UNRWA y el refuerzo del paso fronterizo de Rafah para facilitar la entrada de ayuda. Estas acciones buscan aliviar, en la medida posible, el sufrimiento de la población civil frente al bloqueo y la devastación.
Este doble abordaje —presión política y apoyo humanitario— responde a la necesidad de mostrar un compromiso integral que no solo proteste y condene, sino que también actúe en favor de la población afectada, un enfoque que combina pragmatismo con principios éticos.
En definitiva, el salto cualitativo dado por el Gobierno español constituye un posicionamiento audaz en un momento histórico de profunda crisis humanitaria y política en Gaza. España recoge el descontento global respecto a Israel, demuestra su voluntad de presión real mediante medidas legales y económicas, y defiende un camino dentro de la visión liberal que sostiene la solución de dos Estados, pero con conciencia crítica sobre sus limitaciones.
Esta apuesta española puede abrir una nueva etapa en la política exterior europea respecto a Palestina, dejando atrás la tibieza y el seguidismo para avanzar hacia un compromiso más ético, valiente y justo.
