En medio del endurecimiento de las políticas del Gobierno de Estados Unidos, hacia estudiantes extranjeros e inmigrantes, Alireza Dorudi, un estudiante iraní, fue detenido por agentes de inmigración en marzo como parte de la amplia ofensiva migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, y fue retenido en un centro de detención en Jena, Luisiana, a más de 480 kilómetros de donde vivía con su prometida, Sama Bajgani, en Alabama.
En ese momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Dorudi de representar “preocupaciones significativas para la seguridad nacional”, aunque su abogado, David Rozas, afirmó que el Gobierno estadounidense no presentó ninguna evidencia que respaldara dicha acusación.
Rozas explicó que Dorudi, estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad de Alabama, quien había ingresado legalmente a Estados Unidos en enero de 2023 con una visa de estudiante, decidió autodeportarse y dejar de luchar contra su deportación después de que la jueza del caso, Maithe Gonzalez, le diera plazo hasta finales de mayo para volver a presentar mociones y le negara la libertad bajo fianza.
Bajgani afirmó que Dorudi no tiene antecedentes penales, ingresó al país legalmente y no era una persona políticamente activa como otros estudiantes que han sido objeto de persecución.
Describió a su prometido como un “nerd” y “un gran pensador” que pasaba largos días en el laboratorio, y añadió que Dorudi no merecía lo que le ocurrió y que ahora la vida que habían construido en Alabama se ha acabado.
En una carta enviada a Bajgani desde la cárcel en abril, Dorudi calificó su detención como una “injusticia pura”.
“No causé ningún problema en este país,” escribió. “No entré ilegalmente. Seguí todos los caminos legales”.
Rozas declaró que no había visto un caso similar en sus 21 años como abogado de inmigración, y subrayó que las autoridades le negaron el debido proceso a su cliente y lo forzaron a elegir entre una detención indefinida o la autodeportación.
“Estoy absolutamente devastado y creo que es una parodia de justicia,” dijo Rozas, agregando que “el Gobierno (de EE.UU.) no ha presentado ninguna prueba de que el Sr. Dorudi represente una amenaza a la seguridad nacional”.
Más de 1000 estudiantes internacionales en Estados Unidos han visto revocadas sus visas o su estatus legal desde finales de marzo, según una revisión realizada por la agencia local de noticias The Associated Press basada en declaraciones de universidades y correspondencia con funcionarios escolares.
Entre ellos se incluyen algunos estudiantes que participaron en manifestaciones masivas en instalaciones académicas de todo el país en apoyo a los palestinos y en contra de la guerra genocida de Israel en la sitiada Franja de Gaza.
Rumeysa Ozturk, una estudiante de posgrado turca en la Universidad de Tufts en Somerville, Massachusetts, fue detenida en marzo tras ser acusada por el Departamento de Seguridad Nacional de participar “en actividades en apoyo a HAMAS (Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina)”, después de escribir un artículo de opinión.
El artículo pedía a Tufts que “reconociera el genocidio palestino” y que “revelara sus inversiones y se desvinculara de empresas con lazos directos o indirectos con Israel”.
Los estudiantes de la Universidad de Columbia, Mahmud Jalil y Mohsen Mahdawi, también han sido detenidos en relación con su apoyo a Palestina.
Al igual que en los casos de Dorudi y Ozturk, el Gobierno federal ha recurrido a afirmaciones vagas al señalar que Jalil y Mahdawi representan “amenazas a la seguridad nacional”, para justificar su detención a pesar de su estatus como residentes legales.
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